El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, apostó ayer por reformar el sistema de financiación autonómica en el plazo «más breve» posible -eso sí, no conviene negociar sin Cataluña, apuntó-, y señaló que en el proceso se tendrá que estudiar si se suprimen algunos fondos y qué se hace con la deuda de las comunidades.
«No hay ningún interés por parte del Estado de financiarse con esa deuda, que es entre administraciones», dijo Montoro ante la Comisión de Hacienda del Congreso, en la que compareció para hablar de la reforma del sistema de financiación autonómica, y abrió la puerta a habilitar quitas de la deuda autonómica, propuesta que ya ha planteado en más ocasiones: «Tenemos que ver qué hacemos con la deuda de las comunidades autónomas y, particularmente, qué hacemos con la deuda que las comunidades tienen contraída con el Estado y que se corresponde con una financiación insuficiente», enfatizó Montoro.
En su última intervención, el ministro lamentó que los grupos de la oposición no analizaran esta propuesta y fue más claro: «Estamos dispuestos a reestructurar la deuda de las comunidades», insistió.
El ministro apostó por blindar el sistema frente a coyunturas económicas, dotar al sistema de un auténtico fondo de garantía de financiación de servicios públicos que no cree agravios y que esté financiado por los impuestos.
Además, Montoro avanzó que el Gobierno repartirá en el primer trimestre de este año 12.151,8 millones a las comunidades través de los Fondos de Liquidez Autonómica (FLA) y de Facilidad Financiera, de los cuales 3.477 millones serán para Cataluña. Así se decidió en la última reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno del pasado jueves, que aprobó la distribución a las comunidades en el primer trimestre de este año.
Según detalló, en segundo lugar, tras Cataluña se situarán Andalucía, que recibirá otros 2.512,3 millones, y 2.307,1 millones para la Comunidad Valenciana. A su vez, Galicia se beneficiará de 690,5 millones y Castilla y León, de 618,3 millones.
Montoro concretó que entre 2012 y 2017 se ha facilitado a las administraciones territoriales, sobre todo a las comunidades, ayuda financiera por importe de 251.000 millones, de los cuales casi 95.000 han servido para pagar a los proveedores.
Montoro subrayó que estos mecanismos tendrán que reducirse más cuando se apruebe el nuevo sistema de financiación hasta desaparecer, con la vuelta a los mercados de las comunidades que hoy están acogidas a ellos.
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