Más de cuatro de cada diez programas informáticos instalados en las empresas -el 44%- son ilegales. Esto significa que casi la mitad del software usado en los equipos corporativos de las compañías españolas ha sido instalado sin autorización del propietario de derechos de autor o ha contravenido los términos del contrato de licencia.
Las cifras de denuncias no cesan de crecer. En 2017, se registraron hasta 576 chivatazos contra compañías españolas que tenían y usaban software sin licencia en su día a día. Este dato, representa un verdadero récord, puesto que significa un incremento del 14% respecto a las cifras de 2016 y casi duplica el número de notificaciones registradas en 2014, cuando esta cifra sólo alcanzaba las 315, según la información de BSA The Software Alliance, entidad que agrupa a los principales fabricantes y desarrolladores de programas informáticos para empresas.
La asociación indica igualmente que, del conjunto de denuncias recibidas en el pasado ejercicio, hasta 347 terminaron en acciones legales, lo que supone un incremento del 12% de casos que llegaron a los tribunales contra supuestos infractores de la Ley de Propiedad Intelectual respecto a 2016.
Según explica Carlos Pérez, socio responsable del área de IT, riesgo y cumplimiento de Écija, firma legal de BSA en España, «el índice de piratería está estancado y aunque las campañas de concienciación están dando sus frutos -sirve para que los propios trabajadores sean más conscientes y lleguen a denunciar las ilegalidades-, el nivel de infracciones no ha mejorado».
El letrado destaca como aspecto positivo que actualmente no sólo se reciben un mayor número de denuncias, sino que éstas ofrecen cada vez más detalles e información concreta que facilita «materializarlas en las correspondientes acciones legales contra las empresas infractoras», comenta.
Desde un punto de vista puramente económico, según explican desde BSA, el valor promedio del software sin licencia encontrado en los registros judiciales ascendió, en 2017, a 194.285 euros por empresa y a 3.940 euros por ordenador.
Por el momento, el conjunto de casos investigados ha terminado resolviéndose por la vía civil, como sucedió con la última sanción de consideración (453.480 euros) que impuso el juzgado número 2 de lo mercantil de Alicante a dos compañías por utilizar software de manera ilícita. Sin embargo, el letrado apunta que, tras la modificación del Código Penal (CP) de 2015, sería posible perseguir los delitos más importantes por vía penal. «Las empresas tienen que comprender que los departamentos de compliance no sólo tienen que vigilar que no se cometan infracciones fiscales dentro de la compañía, sino que utilizar software sin licencia también puede significar un delito contra la propiedad intelectual», apunta Pérez.
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