El Tribunal Supremo ha decidido arrojar luz sobre el controvertido impuesto de plusvalía municipal que se aplica sobre la venta de los inmuebles. Los magistrados acaban de admitir a trámite un recurso de casación del Ayuntamiento de Madrid, y recientemente otro de Zaragoza, que a su vez ponen en juego los miles de millones ingresados por todos los municipios en los últimos años.
El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), como se conoce oficialmente la tasa de plusvalía municipal, sufrió un fuerte varapalo en mayo de 2017 cuando el Tribunal Constitucional decretó que no puede aplicarse si la venta del inmueble se cierra con pérdidas sobre su valor inicial, es decir, sin plusvalía.
El fallo del Constitucional obligaba a reformar el impuesto con lo que Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pasaron meses negociando un nuevo diseño que permita su aplicación dentro de los límites constitucionales. La nueva tasa, acordada el pasado enero y pendiente de tramitación, tendrá aplicación retroactiva desde el 15 de junio de 2017 pero está por ver qué ocurre con los impuestos indebidamente pagados antes de esa fecha.
En paralelo, tal y como adelantó este diario el pasado otoño, cada vez más juzgados y Audiencias Provinciales vienen anulando la aplicación del impuesto en los casos en que la transacción se produce con ganancias debido a un error en el cálculo que se aplica. Otros dan por anulada todas las tasas cobradas basándose en el fallo del Constitucional
El Supremo ha decidido aclarar ahora cómo proceder. El último paso ha sido admitir a trámite un recurso de casación del Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del 3 de octubre de 2017 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
“El perjuicio al interés general es evidente”, alega en su recurso la corporación que dirige la exjueza Manuel Carmena, que critica “el coste adicional” que tendrá para el ayuntamiento tramitar la devolución de los ingresos indebidos, más los intereses de demora correspondiente, bajo el supuesto de que luego tendría que volver a aplicar la tasa bajo una formulación aceptable. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Madrid ingresó 688 millones de euros por este impuesto solo en 2017.
De hecho, el impuesto de plusvalía es una importante fuente de ingresos para todas administraciones locales. Más allá de Madrid, dado que el caso será extrapolable a los más de 8.000 municipios españoles, están en juego los más de 10.000 millones de euros que las corporaciones locales han cobrado en los últimos cuatro años, que es el periodo sobre el que es posible reclamar. Es decir, desde marzo de 2014 para nuevos litigios.
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