Los centros investigadores pueden desgravarse desde un 100% hasta un 0% del IVA de las adquisiciones de material y equipamiento o de las subvenciones que reciben del Gobierno, según la interpretación de la normativa que haga el inspector de Hacienda. Sin embargo, si la ciencia fuera reconocida como una actividad económica, estas entidades podrían deducirse el total del impuesto.
Esto es lo que está tratando de lograr la alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (SOMMa) que ha pedido el apoyo de todos los partidos a la enmienda parlamentaria sobre la Ley de Contratos Menores que se discutirá en las próximas semanas en el Congreso de los Diputados. Con ella, se definiría a la investigación también como una actividad de interés general, cuyas aportaciones de la Administración no están sujetas al precio.
Luis Serrano, presidente de SOMMa y director del Centro de Regulación Genómica (CRG), teme que el PP vaya en contra de la decisión y no acabe con la inseguridad jurídica que viven los centros de I+D actualmente.
Esta problemática es solo una de las muchas a las que se enfrenta la investigación en España, cuyos presupuestos quedaron muy mermados en la crisis económica y aún no se han recuperado. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2016, la inversión creció un 0,6%, mientras que en el ejercicio anterior lo hizo un 2,7%. Además, descendió la proporción de I+D sobre el PIB al 1,19%, frente al 1,22% de 2015.
España no ha seguido la estela de la media de los países de la UE que han aumentado su inversión un 25% en la última década. En nuestro país, por el contrario, el desembolso ha caído un 10%, destacan desde el sindicato CSIF. Y subrayan una segunda cifra, en 2016, solo se aplicó uno de cada tres euros que había disponibles para investigación en los presupuestos. Cifras que están haciendo que España pierda la competitividad lograda y se arriesgue a retroceder lo avanzado en los últimos 25 años, puntualiza Serrano.
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