Ahora Madrid quiere que el Ministerio de Hacienda permita al Gobierno municipal establecer un recargo de hasta el 50% en la cuota líquida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en aquellas viviendas permanentemente vacías como medida para moderar los precios al alza del mercado del alquiler que se están registrando en determinados barrios de la capital.
Se pretende generar así un estímulo fiscal para que los propietarios de las viviendas vacías decidan ponerlas en alquiler, de forma que este aumento en la oferta provoque una disminución del precio del alquiler y se desincentiven las prácticas especulativas.
El delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, llevará la proposición al Pleno del jueves al amparo del artículo 47 de la Constitución, que establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho.
El Gobierno municipal llevará la proposición al Pleno sosteniéndose en datos como los del censo de 2011, el último disponible, que apuntaba que más de 153.000 viviendas de Madrid, el 10 por ciento, se encontraban vacías. García Castaño ha indicado que ahora ese porcentaje sería menor dado que Madrid está creciendo en población después de ir saliendo de la crisis.
Lo que solicitará el Ayuntamiento de salir adelante esta iniciativa es que el Gobierno central desarrolle reglamentariamente la Ley de Haciendas Locales para poder establecer un recargo en el IBI sobre las viviendas permanentemente desocupadas.
«Queremos con esta proposición que el Gobierno central, que ya en su momento modificó la Ley de Haciendas Locales para incluir un recargo al IBI del 50 por ciento en las viviendas vacías, desarrolle un reglamento de lo que es una vivienda vacía. Es una competencia exclusiva del Gobierno central que en su momento modificó la ley, pero nunca desarrolló el reglamento», ha explicado García Castaño en la presentación de espacios en el distrito Centro a ceder a entidades ciudades cuando han pasado más de diez años desde la modificación normativa.
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