Bruselas revisa significativamente al alza los datos de crecimiento para este año y el que viene: hasta el 2,9% en 2018 y el 2,4% en el 2019. Esto son tres décimas más que en las previsiones de febrero en cada uno de los casos, lo que permite al Ejecutivo comunitario seguir mejorando sus estimaciones para la tasa de desempleo (que bajará del 14% en 2019) y prever una subida moderada de los salarios para los próximos dos años (la remuneración de los trabajadores aumentará el 1,1% y del 1,6%, respectivamente).
Con estas perspectivas, la Comisión Europea se sitúa como el organismo nacional e internacional más optimista con España. El propio Gobierno, que envió el lunes pasado a Bruselas el Programa de Estabilidad y Crecimiento, prevé crecer al 2,7% este año y al 2,4% el que viene. El Fondo Monetario Internacional, que justo hace unas semanas elevó significativamente las previsiones de crecimiento para España, las dejó en el 2,8% y el 2,2%. El Banco de España, por su parte, que actualizó su cuadro macroeconómico en marzo, proyectó un incremento del PIB del 2,7% en 2018 y del 2,3% en 2019. La OCDE es, con diferencia, la más pesimista, aunque se debe probablemente a que su última previsión sobre la economía española se realizó en noviembre de 2017. En ese momento auguró un crecimiento del 2,3% y del 2,1% para España en los dos años siguientes.
Pero no todo son buenas nuevas. La mala noticia es que el déficit público va a quedar en el 2,6% del PIB, cuatro décimas por encima del objetivo marcado, y que la variante estructural de esta ratio (la que trata de medir el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos independientemente del ciclo económico) empeorará este año hasta el 3,3% desde el 3% actual, para quedarse en el 3,2% en 2019.
En la práctica, esto quiere decir que el Gobierno ha dejado la consolidación fiscal en el piloto automático de la recuperación, encomendándose a las subidas de ingresos y los recortes de gastos que llegan con la inercia del crecimiento del PIB. La Comisión, por su parte, lleva años urgiendo al Gobierno una corrección del déficit estructural, para sanear definitivamente las cuentas públicas y blindarlas en lo posible ante una eventual recesión.
Pero en este asunto del déficit el Gobierno tiene un atenuante al que agarrarse. Aunque ese 2,6% superará por cuatro décimas el objetivo marcado por Bruselas, también es cierto que quedará bien por debajo del límite del 3% que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Gracias a ello España debería salir del programa de vigilancia intensiva para países con déficits públicos demasiado elevados. Lo que en Bruselas se conoce como el brazo corrector del Procedimiento de Déficit Excesivo de la UE.
Y aquí es donde entra en juego el agravante: la subida de las pensiones anunciada por el Gobierno, valorada en 1.500 millones de euros este año y 1.800 millones el que viene. La medida aún no ha sido contabilizada por la Comisión, porque todavía no ha sido adoptada formalmente, pero cuando lo haga añadirá cerca de 1,2 décimas al déficit de este año y 1,5 décimas al del que viene.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, asegura que este incremento de gasto va a financiarse con una serie de impuestos de inspiración europea. Una tasa digital a multinacionales como Google, Airbnb o Facebook debería recaudar 600 millones este mismo año. A partir de 2019, espera 900 millones de otros impuestos sin especificar.
Para empezar, existe el riesgo para el Gobierno de que estas cuentas no salgan y esos impuestos, bien no se aprueben con la rapidez esperada, bien recauden menos de lo previsto. Y en cuestiones impositivas, unos ingresos por debajo de las expectativas iniciales no sería precisamente una rara avis.
Sin embargo, eso sería una cuestión puntual. Lo que preocupa realmente en Bruselas es que esta medida del Gobierno sea el comienzo de un desmantelamiento de la reforma de las pensiones de 2011 y 2013, que es, junto a la reforma laboral de 2012, la que más elogios ha recibido por parte de la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario no se ha cansado de repetir en cada informe que ha hecho sobre este asunto que, gracias a esa reforma, el sistema de pensiones español es ahora sostenible.
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