La Comisión Europea ha publicado el cuadro de indicadores de la justicia en la Unión correspondiente a 2018, que ofrece un análisis comparativo de la calidad, la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros. Los datos reflejan una leve mejoría de España respecto a la media de duración de los procesos y la ratio de resolución de casos, aunque aún hay bastante margen de mejora. Por otro lado, aunque los ciudadanos siguen suspendiendo a la justicia española en independencia, aumenta el porcentaje de españoles que asegura confiar en ella.
España tarda de media algo más de 200 días en resolver un litigio en primera instancia, lo que supone un leve descenso respecto del reporte anterior. Es en los procesos civiles y mercantiles donde esta media aumenta hasta los 290 días, aunque este dato también supone una mejora respecto al periodo 2010-2015, cuando el proceso judicial se alargaba de media más de 300 días, según refleja un informe del Consejo de Europa con datos de 2016. En el caso de los procedimientos sobre defensa de los consumidores, los datos no arrojan variación, manteniéndose la media de duración en 200 días.
Este año el cuadro de indicadores presenta como novedad la publicación de datos sobre la duración de los procesos judiciales en todas las instancias. Según los datos aportados por Bruselas en los procesos civiles España está el quinto país a la cola en este punto. Más de 200 días en primera instancia, por debajo de 200 días en segunda instancia y más de 400 en tercera instancia.
En la jurisdicción contencioso administrativa España también se sitúa entre los países que más tardan en resolver litigios. En primera y segunda instancia España está por debajo de los 500 días de media, pero en tercera instancia está cerca de los 1000 días para resolver casos administrativos.
La tasa de resolución de litigios mejora respecto a la del año 2015, situándose en un 100%, salvo en el orden contencioso administrativo en el que baja el porcentaje (del 120 % al 100%).
Otra de las novedades del informe de este año es la inclusión de los datos referidos a los procesos judiciales por blanqueo de capitales. Al ser el primer año que se analiza este indicador no se puede hacer una valoración de la progresión al respecto. En 2016, según el informe de Bruselas, los jueces españoles tardaron 600 días de media en primera instancia en este tipo de procesos, ocupando el quinto puesto desde el final de la lista.
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