Montoro ha afirmado que los autónomos y pymes necesitan un tratamiento especial en el IVA, por lo que ha defendido que «no hay motivo para cuestionar» el sistema «sobradamente conocido» de los aplazamientos de pago de IVA de menos de 30.000 euros para autónomos y pymes implantado hace dos décadas.
Montoro ha explicado que con la instrucción a la Agencia Tributaria (AEAT) publicada el pasado 18 de enero se permitirá realizar de forma automática los aplazamientos tributarios de menos de 30.000 euros sin necesidad de presentar garantías de cobro. Montoro ha descartado «ningún tipo de inseguridad jurídica», a pesar de que «habrá quien entenderá que se queda corta», pero ha indicado que «se trata de cubrir situaciones en las que no se ha ingresado el IVA».
De esta forma, ha destacado que se flexibiliza el decreto ley aprobado en diciembre que eliminó la posibilidad de aplazar deudas tributarias derivadas del Impuesto de Sociedades y el IVA, salvo que se justificase que las cuotas repercutidas no hubieran sido cobradas.
Asimismo, ha explicado que con la nueva instrucción los autónomos podrán seguir aplazando o fraccionando el pago del IVA y otras deudas tributarias inferiores a 30.000 euros sin aportar garantías y lo podrán seguir haciendo durante un periodo máximo de 12 meses, salvo que el contribuyente solicite un número de plazos inferior, en cuyo caso se concederán los plazos solicitados.
La periodicidad de los pagos será, en todo caso, mensual y se tramitarán mediante un mecanismo automatizado de resolución. En el caso de las empresas, también podrán aplazar las deudas inferiores a este importe sin presentar garantías pero en este caso durante un plazo máximo de seis meses.
«Somos muy conscientes de las consecuencias y hábitos que en términos de una crisis, la más grave y larga de nuestra historia, ha creado unas dificultades en muchísimos ámbitos del mundo económico, empresarial, de mediana empresa, autónomos, como el problema de la morosidad que ha alcanzado cotas muy altas», ha reconocido Montoro.
Asimismo, ha afirmado que a estos empresarios se les otorga el «beneficio de la duda», lo que supone «una presunción legítima que forma parte del ordenamiento jurídico», y ha recordado que el importe de estos aplazamientos ya se elevó de 18.000 a 30.000 euros en octubre de 2015.
En el caso de los aplazamientos de deudas tributarias superiores a 30.000 euros, Montoro ha precisado que se tendrá que presentar garantías y avales y será la Agencia Tributaria la que tras su análisis decidirá si se concede o no el aplazamiento que podrá ser de 12 a 36 meses y en supuestos excepcionales hasta 48 meses.
Powered by WPeMatico