La nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró el pasado jueves durante su toma de posesión que, con ese acto, arrancaba «una nueva etapa en que la transparencia tiene que ser muy importante. Tienen que ser muy importantes los operadores jurídicos, tenemos que contar también con las asociaciones, y, desde luego, con las víctimas y por las víctimas, debemos ser solventes y eficaces y trabajar todos juntos para hacer de ésta, una Justicia del siglo XXI».
Mediante estas palabras -también aseguró que sería una «ministra de trinchera»-, fijó una suerte de hoja de ruta del departamento que dirige para lo que queda de legislatura. La realidad es que Delgado deberá enfrentarse a muchos asuntos pendientes que han quedado en suspenso tras la moción de censura que terminó con el Gobierno de Mariano Rajoy.
En este sentido, la nueva ministra de Justicia deberá solventar tanto asuntos legislativos -ya sea porque se encuentran en tramitación o que estaban siendo estudiados- como otros problemas técnicos, económicos y organizativos. Respecto a este último tema, hay que destacar el de mayor actualidad y que tiene que ver con la huelga conjunta de jueces y fiscales que tuvo lugar el pasado 22 de mayo. Con este parón, los integrantes de la carrera judicial solicitaban la modernización la Administración de Justicia para aumentar su calidad y eficacia; apostaban igualmente por una mejora de las condiciones laborales de jueces y fiscales, con una actualización de las retribuciones, y pedían que se reforzara la independencia judicial.
Justamente, Delgado tendrá que hacer frente a la complicada renovación -en noviembre- de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Las asociaciones judiciales llevan años reclamando la despolitización del nombramiento de sus integrantes y habrá que ver qué decisión toma la ministra. También deberá poner orden en la digitalización de la Justicia y en el sistema de comunicaciones electrónicas LexNet, que sufrió una seria quiebra de seguridad el pasado 27 de julio, y que no ha servido para acabar con el papel en los juzgados como esperaba Rafael Catalá. Frente a este problema, parece que sólo pasa por ampliar la inversión económica y estandarizar los sistemas de comunicación electrónica.
En el ámbito legislativo, Delgado tendrá que hacer frente a diferentes reformas iniciadas por el exministro como la aprobación de la Ley de Crédito Hipotecario -norma que tramitará de la mano del ministerio de Economía y que transpone una directiva europea-; la Ley Orgánica de Protección de Datos -que debería haberse aprobado antes del 25 de mayo para acompañar el Reglamento General de Protección de Datos-; así como impulsar el anteproyecto de la Ley de Secretos Empresariales -cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de mayo-; la Ley Consursal o el desarrollo de un nuevo Código de Comercio, para adaptarlo a la digitalización de la economía y a la nueva realidad de la sociedad.
Catalá también tenía previsto acometer, durante el segundo semestre de 2018, una profunda revisión de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Respecto a esta última norma, la Unión Progresista de Fiscales -a la que pertenecía Delgado- espera que la titular de Justicia retome el anteproyecto de Código Penal Procesal, conocido como anteproyecto Caamaño, en referencia al exministro socialista Francisco Caamaño, que en 2011 planteó un giro en la LECrim para dar al fiscal el papel de investigador con un refuerzo de la tarea del juez de garantías. Por otro lado, Delgado también deberá encontrar una respuesta a la polémica suscitada por la modificación del artículo 324 de la LECrim, que limita a un máximo de seis meses las diligencias de investigación para las causas no declaradas complejas y que es percibido como un periodo de tiempo insuficiente para realizar correctamente la labor de instrucción.
Por último, otro asunto de actualidad y especialmente delicado es la posible revisión de los delitos contra la libertad sexual en la que ya está trabajando la Comisión General de Codificación, tras la polémica surgida tras la sentencia de La Manada.
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