Este miércoles, 27 de junio, es el llamado día de la liberación fiscal, la jornada a partir de la cual los contribuyentes españoles comienzan a percibir para sí el salario anual tras destinar, de media, 177 jornadas de su sueldo bruto a cubrir cotizaciones sociales e impuestos. Así lo estima un estudio del think tank Civismo, defensor del liberalismo económico, que subraya que esta fecha se ha adelantado un día este año.
Un adelantamiento que el autor del informe, Javier Santacruz, achaca a las deducciones en tramos autonómicos del IRPF en varias comunidades que afectan a las rentas medias y bajas (gastos escolares, maternidad, dependencia…) y a la bajada de los primeros tramos en La Rioja y Extremadura; así como en la reducción de los salarios en los tramos de mayor edad (45 a 64 años fundamentalmente) lo que rebaja el tipo medio efectivo respecto al de 2017.
El informe elaborado por Civismo detalla que al traducir en días el cómputo impositivo global de los distintos gravámenes que pesan sobre el contribuyente, de media, los españoles dedican 102 jornadas de salario a cubrir cotizaciones sociales; 35 a pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF); unos 25 al pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA); 11 más por Impuesto Especiales y otros cinco destinados a cubrir tributos estatales, autonómicos y municipales, como son el IBI, Patrimonio, Sucesiones o Matriculaciones.
Como consecuencia, al contribuyente medio le restan 187 días de sueldo disponibles. El mayor recorte de la nómina viene propiciado, por tanto, por la llamada “cuña fiscal”, que toma en cuenta tanto el pago del IRPF como las cotizaciones sociales que costean entre el trabajador y su empleador.
Así, por cada 100 euros de coste laboral abonados por un empresario, los ocupados de entre 16 y 29 años reciben una retribución neta de 62,5 euros, tras aplicarse una cuña fiscal del 37,5%. Para los ocupados de 45 a 64 años, el ingreso es de 61,66 euros (una cuña del 38,34%) mientras que, para los mayores de 65 años, la remuneración es de 88 euros ya que la ausencia de cotizaciones sociales reduce la carga fiscal al 12,03%.
Como contrapartida a estas obligaciones, los españoles se benefician de un gasto equivalente al 16,8% del PIB español en protección social (incluyendo pensiones, prestaciones por desempleo y otras ayudas); un 6,1% en el mantenimiento de las Administraciones Públicas; un 6% en Sanidad; un 4% en Educación, un 3,9% en Inversiones; un 1,9% en Seguridad; un 1,1% en Cultura y subvenciones; un 1% en Defensa; un 0,8% en Medio Ambiente y un 0,5% en Infraestructuras de vivienda.
El valor económico de las prestaciones recibidas por cada contribuyente varía, sin embargo, en función de su edad. Los jóvenes de 16 a 29 años perciben unos 6.934,43 euros de media mientras que los mayores de 65 años se benefician de 22.388,8 euros al ser las pensiones públicas (unos 15.454 euros anuales) y la cobertura sanitaria (1.919 euros) las principales prestaciones económicas que reciben los contribuyentes.
De esta forma, ocho de cada 10 contribuyentes pagan más impuestos que prestaciones hasta que alcanzan la edad de jubilación, cuando la proporción se invierte. Concretamente, los españoles pagan entre 3.515,33 y 7.775,23 euros más de lo que perciben durante sus 35 años de cotización y luego cobran 17.768,49 euros más de los que aportan.
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