El PSOE de Pedro Sánchez quiere darle un vuelco a la política medioambiental, y para ello necesita nuevos recursos, así como medidas para descarbonizar la economía. Es algo a lo que se comprometieron los países industrializados en la cumbre del clima de París, en la que se acordó el objetivo de reducción de emisiones contaminantes para evitar que la temperatura global haya subido en más de dos grados cuando finalice el siglo. Además, la Comisión Europea ha demandado a España un mayor esfuerzo en fiscalidad ambiental.
En este contexto, el PSOE quiere aprobar una equiparación del impuesto especial del gasóleo al de la gasolina, y, además, crear cuatro nuevos impuestos verdes y reformar otras figuras tributarias sobre la energía, para potenciar la lucha contra el calentamiento global.
La idea del PSOE, condicionado por su debilidad parlamentaria, es aprobar un gravamen sobre el CO2, otro sobre los óxidos nitrosos, un tercero sobre los residuos industriales tóxicos y, por último, un tributo sobre los residuos de bolsas y embalajes. Por último, los socialistas quieren fusionar los impuestos de matriculación y de circulación de vehículos, así como reformar el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el del Canon de vertidos.
El portavoz socialista de Medio Ambiente en la comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, Ricardo García Mira, asegura que el PSOE apuesta por una fiscalidad ambiental adecuada que acerque a España «a los estándares europeos» y propicie la transición «hacia una economía verde, sostenible y generadora de empleo».
Los impuestos medioambientales suponen el 1,85% del PIB, frente al 2,46% de media en la UE, según los últimos datos disponibles (de 2014). El PSOE quiere que España se acerque lo máximo posible a esos estándares, de manera que ve «margen» para incrementar la recaudación fiscal verde en hasta 6.700 millones.
El primero y más importante de los impuestos que se quieren aprobar es el que gravaría las emisiones de CO2. Se aplicará sobre cada tonelada de dióxido de carbono que se emiten, discriminando entre las empresas sujetas al sistema de comercialización de derechos de emisiones y las que no, según explica García Mira.
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