Unos 2.500 millones de euros más, según el reparto del nuevo escenario fiscal diseñado y propuesto ya a Bruselas, y que este martes será explicado por Pedro Sánchez en el Congreso. El nuevo déficit fiscal esperado de las administraciones públicas será del 1,8% en 2019, tal como anunció la ministra de Economía, en vez del 1,3% estimado anteriormente; y de ese incremento de cinco décimas, dos serán absorbidas por las comunidades autónomas, y los tres restantes lo serán de manera casi exclusiva por el sistema de Seguridad Social para hacer frente al creciente desequilibrio de las cuentas de las pensiones.
Con este nuevo reparto, que deberá ser aprobado por el Consejo de Política Fiscal y que será también sometido a la consideración de las Cortes, las comunidades dispondrán de un volumen de gasto adicional de casi 2.500 millones de euros. Con este nuevo escenario presupuestario, las comunidades podrán cerrar sus cuentas agregadas con un déficit del 0,3% del PIB en 2019, frente al estimado en el Programa de Estabilidad del 0,1%, y podrían alcanzar el equilibrio ya en 2020 o 2021.
El Gobierno permite tal margen en las cuentas de las comunidades autónomas porque son las instituciones públicas con mayores necesidades para cubrir los servicios sociales, la educación y la sanidad. Pero pretende también lograr el respaldo político del Partido Popular, que gestiona prácticamente la mitad de las regiones.
Sin el apoyo explícito del Partido Popular en el Senado, o al menos una abstención, el Gobierno no podría modificar los objetivos de déficit que ha comunicado a Bruselas para los años 2019, 2020 y 2021, y que servirán de guía para elaborar los presupuestos del año próximo y siguientes. Aunque el techo de gasto solo precisa de la comunicación al Congreso, un cambio en los objetivos de déficit tiene que tener el voto favorable de las dos Cámaras. Y si no lo obtuviese, el Gobierno debería ceñir el proyecto de presupuestos al objetivo aún vigente proyectado por el anterior Ejecutivo, lo que dificultaría los planes de Sánchez en materia presupuestaria, especialmente su agenda social y el estímulo al crecimiento a los que la ministra de Hacienda hizo alusión cuando explicitó la nueva senda fiscal. Además del 1,8% para 2019, la nueva senda fija un déficit del 1,1% en 2020 (frente al 0,5% de Rajoy) y del 0,4% en 2021 (frente al superávit del 0,1% inicial).
Por lo que se refiere a las cuentas de 2018, dado que están ya aprobadas por las Cortes, no habrá un cambio en el objetivo de déficit; simplemente el desequilibrio fiscal llegará al 2,7% del PIB, en vez del 2,2% comprometido, admitiendo ante Bruselas la existencia de una desviación de cinco décimas, y que improbablemente supondría sanción. El Gobierno estima que las previsiones de Rajoy eran irreales para este ejercicio. Este año las comunidades se ceñirán al objetivo marcado, con déficit del 0,4% del PIB.
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