«El FMI da la bienvenida a una impresionante recuperación económica, a una intensa creación de empleo y a una corrección sustancial de los desequilibrios”. La primera frase del nuevo informe del Fondo sobre la economía española, cuya versión completa se dio a conocer esta mañana, avala las reformas y los resultados de la primera legislatura de Mariano Rajoy, aunque considera que persisten riesgos a corto y medio plazo que pueden llevarse por delante esos esfuerzos. Entre ellos destaca la tasa de paro, el elevado nivel de la deuda pública y el escaso crecimiento de la productividad.
El informe establece que los vientos de cola que han acompañado a la economía española (abaratamiento del petróleo, rebaja de los costes financieros o programas de compra de deuda del BCE) en los dos últimos ejercicios han sido los responsables del vigoroso crecimiento del 3% y explican dos tercios del mayor crecimiento durante ese tiempo. Frente a la previsión del 1,5% de finales de 2015, España ha crecido un 3,2%. De esa diferencia de 1,7 puntos, medio punto lo explica el menor precio del crudo y otro medio punto unos niveles de tipos de interés en mínimos históricos.
El mismo porcentaje que la rebaja fiscal adelantada en 2015. El barril de petróleo ya se está encareciendo, la rebaja fiscal ya no tiene más recorrido y los tipos de interés parecen encaminarse a un incremento en los próximos trimestres. En este contexto, el FMI urge al Ejecutivo a implementar cambios en tres ámbitos: mercado laboral, consolidación fiscal y reformas estructurales.
Los buenos registros alcanzados en los dos últimos ejercicios, con crecimientos de empleo del 3% y una reducción sustancial de la tasa de paro, no convencen al FMI debido al elevado volumen de parados de larga duración y de jóvenes poco cualificados. Ambos colectivos corren el riesgo de convertirse en desempleados estructurales. El diagnóstico del Fondo ataca con especial vehemencia la dualidad del mercado laboral (la diferencia de costes entre indefinidos y temporales) “ya que exacerba la volatilidad del empleo, reduce la inversión en capital humano y en la productividad del trabajador y eleva la desigualdad”.
Por ello considera que la primera medida sería la introducción de un contrato único, en el que no existiría limitación temporal y en el que las indemnizaciones por despido variarían en función del tiempo cotizado. Las dos únicas excepciones que establece para este contrato serían los dirigidos para personal en prácticas y los realizados en sectores con un elevado nivel de estacionalidad (turismo y agricultura).
“Los diez meses en los que no ha habido gobierno y la reforma en las fatigas han retrasado el ajuste fiscal”. El Fondo recalca que es imprescindible una senda de consolidación “creíble” y que los riesgos para la consecución de los objetivos en las comunidades autónomas son “considerables” en función del cierre de los últimos ejercicios. Las recetas del FMI plantean un ajuste que proporcione recursos suficientes para bajar el déficit público en 14.000 millones este ejercicio. El informe considera que frente a lo realizado en la anterior legislatura, en la que dos tercios del ajuste se realizaron con medidas que afectaron al gasto, “la gran mayoría de los recortes tendrán que venir por mayores ingresos”, ya que señala que hay poco margen para rebajar el gasto, puesto que en relación al PIB, se sitúa en niveles inferiores a los países del entorno. Y para la realización del ajuste “que puede ser amigable» establece cuatro hitos: IVA, deducciones fiscales, impuestos verdes y copagos.
Respecto al IVA, el segundo tributo que más ingresos reporta a las arcas públicas, el informe recuerda que solo el 60% de los productos incluidos dentro de la cesta de la compra básica para medir el IPC están gravados con el tipo general (21%). Un porcentaje diez puntos inferior al de Francia (70%) y Alemania (80%), por lo que sugiere que un gran número de productos y servicios que están gravados en la actualidad con el tipo reducido del 10% pasen al general. El turismo, que supone más del 12% del PIB, es uno de los candidatos en las quinielas del FMI.
Otra de las recetas se centra en reducir el elevado número de deducciones, exenciones e incentivos fiscales que existen en España, “que tiende a reducir la base imponible y el catálogo de bienes que están gravados a las tasas más elevadas”. En 2015, la suma de todos los beneficios fiscales, tanto en impuestos directos e indirectos, rozaron los 41.000 millones fiscales y en 2016 bajaron a 34.000 millones de euros. El informe también aboga por elevar los ingresos a través del establecimiento de copagos en servicios públicos, “con exenciones o compensaciones para los colectivos más vulnerables”, y por rebajar la presión fiscal sobre los más jóvenes y los ocupados que menos ganan.
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