El conjunto de las comunidades autónomas superó en mayo el plazo legal de 30 días para pagar a proveedores, con una media de 33,7 días, aunque el comportamiento fue desigual: nueve Gobiernos abonaron sus facturas dentro de los límites legales y ocho incumplieron en ese mes.
No son una rareza, pues la Seguridad Social es, entre las cuatro grandes administraciones públicas, la única que abonó a sus proveedores dentro de los 30 días que establece la ley y fija la Unión Europea. En concreto a 22,94 días. El Gobierno central pagó en junio a sus proveedores a 45,46 días.
La autonomía más morosa, con los datos de mayo, fue la Comunidad Valenciana con un periodo medio de pago de 47,07 días, Cataluña abonó a 45,9 días de media y el pódium de impago lo cerró Extremadura con 42,66 días. Por encima de los 30 días, y por tanto fuera del plazo legal, se colocaron también Aragón (37,95 días), La Rioja (37,75 días), Cantabria (35,65 días), Región de Murcia (34,69 días) y Castilla La Mancha (31,09 días).
Dentro de las que cumplieron, Galicia se distancia con un periodo medio de pago de 13,15 días, seguida de Andalucía con 20,17, País Vasco con 20,29 días, Madrid que pagó a 20,96 días, Canarias con 21,79 días, Navarra con 25,53 días, Castilla y León con 27,05 días, Principado de Asturias a 28,15 y el Gobierno balear que paga al límite: 29,86 días.
Los datos de Precio Medio de Pago a Proveedores dados a conocer ayer por Hacienda se han calculado bajo una nueva metodología impuesta desde Bruselas que exige que el periodo de pago se ajuste más a la realidad. Hasta marzo, la información de los pagos empezaba a contar dejando fuera el plazo legal de 30 días, algo que se ha depurado con la nueva metodología.
Según Hacienda, la fórmula anterior calculaba el periodo medio desde los 30 días naturales posteriores a la entrada de la factura en el registro o desde la aprobación de la certificación de obra hasta el momento del pago o el último día del periodo al que se refieran los datos. El plazo de 30 días contemplado era el máximo legal para que las administraciones públicas verificasen las entregas de bienes o prestaciones de servicios con lo dispuesto en el contrato.
En el cómputo publicado ayer, el cálculo del periodo medio de pago se inicia desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obra, de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados o la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo.
Para comprender bien la evolución en los periodos de pago, Hacienda presentó una comparación de la media de pago de las Comunidades Autónomas con la metodología anterior y la nueva para ver el impacto del cambio. Así, en mayo, los 33,7 días de media registrados para el conjunto de las autonomías con el cambio, se rebajarían a 12,85 días si se hubiese mantenido el anterior sistema.
Sin embargo, la comparación se limita a las autonomías. Hacienda solo ha dado los nuevos datos de impago de la Administración Central, de la Seguridad Social y de las Corporaciones Locales sin una simulación de cómo se habrían comportado los pagos de junio y mayo si no se hubiese modificado la metodología. Fuentes de Hacienda aclaran que hasta que no pasen unos meses, la simulación no será muy exacta, por lo que han optado por no hacerla pública.
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