La estrategia es otra en el caso de la reforma del Impuesto de Sociedades -estableciendo un suelo no deducible del 15%, con el que el Gobierno espera una mejora de la recaudación de unos 4.000 millones, aunque los expertos pronostican unos 400 millones- y el incremento fiscal al diésel -que permitiría unos ingresos de unos 600 millones-.
El Ejecutivo va a incluir ambas modificaciones en el proyecto de PGE de 2019 que espera presentar antes de que acabe el año. Y es que, por lo pronto, Hacienda no se plantea un escenario en el que no se vayan a aprobar nuevos Presupuestos antes de 2019, aunque fuentes internas del Departamento reconocen que no habría que descartarlo: «La intención es mantener la creación y el incremento de los impuestos planteados, luego veremos si los plazos son posibles», dicen.
Todo va a depender de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y lo que dure la misma. El problema es que el calendario para ello es, por lo pronto, inexistente.
Voces del Grupo Socialista indican que Ana Pastor, la presidenta del Congreso, todavía no ha dado a conocer el calendario de sesiones para próximas semanas, algo que suele quedar decidido con meses de antelación pero que, en esta ocasión, se desconoce. Al menos el Gobierno cuenta con la seguridad de que la modificación, que consiste en suprimir la capacidad de veto del Senado a la senda presupuestaria, va a contar con apoyos suficientes: todos los partidos que respaldaron la moción de censura a Mariano Rajoy de finales de mayo.
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