El Gobierno y Unidos Podemos celebraron ayer la primera reunión de carácter técnico para desarrollar el principio de acuerdo alcanzado la pasada semana entre la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de organización de la formación Morada, Pablo Echenique, para consensuar la nueva senda fiscal y unos Presupuestos Generales más sociales para 2019.
Las partes se mostraron a favor de reforzar las dotaciones de sanidad y ayudas a la dependencia, pero no lograron acuerdo en torno a erradicar el copago farmacéutico. A partir de ahí, la expectación está puesta en la cita de hoy, en la que los negociadores abordarán la política fiscal.
“El objetivo de este encuentro es identificar reformas encaminadas a eliminar los privilegios fiscales de unos pocos”, revelaban ayer en Podemos. El partido que lidera Pablo Iglesias ya trasladó a Hacienda su intención de establecer un gravamen especial para grandes fortunas, eliminar las sicav, acabar con las deducciones para planes de pensiones privados o elevar el tipo marginal para rentas superiores a 60.000 euros. Además, Podemos comparte la intención del Gobierno de establecer un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15%, evitando que las empresas puedan disfrutar de desgravaciones a partir de este umbral, y de crear un impuesto específico a la banca.
Está por ver, sin embargo, la respuesta de Hacienda, que hasta la fecha se ha negado a tocar el IRPF dentro del nuevo paquete tributario que busca aprobar para sufragar un mayor gasto social. El hecho de que el PSOE sí propusiera gravar más a las rentas superiores a los 120.000 euros da cierto margen para negociar, mientras que el Gobierno asume que prorrogar de nuevo el impuesto de patrimonio equivale a gravar a las grandes fortunas. Las sicav serán otro foco de negociación de la jornada de hoy, tras la cual Echenique tiene previsto comparecer desde el Congreso para anunciar los avances.
El consenso en el ámbito fiscal es clave dado que tanto el Gobierno como Podemos coinciden en la necesidad de hacer más gasto social, pero los recursos del país, y el límite de déficit, son limitados.
Solo eliminar el copago farmacéutico a pensionistas, como ayer propuso Podemos, podría costar unos 1.000 millones de euros. De momento, Hacienda se muestra reacia a erradicarlo totalmente por el elevado coste que tendría, aunque admitiría eliminarlo para las rentas más bajas, según fuentes de la negociación. Los negociadores volverán a retomar este asunto en futuros encuentros.
El copago fue aprobado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy que, mediante un decreto ley, obligó a los jubilados a cubrir un 10% de su gasto en medicamentos con un tope mensual de 18 euros. Aunque la medida tiene un efecto recaudatorio, el Ejecutivo la defendió para desincentivar el acopio indebido de medicamentos y para concienciar sobre los costes del sistema público. Las partes sí consensuaron ayer universalizar la sanidad pública y crear un grupo de trabajo para abordar su desprivatización.
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