La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, defendió ayer la necesidad de subir impuestos para hacer compatible un mayor gasto social y la estabilidad presupuestaria. Y, en ese sentido, advirtió de que el aumento de la fiscalidad será mayor si el Parlamento impide la nueva senda de déficit público negociada con Bruselas, que prevé un déficit del 1,8% del PIB para 2019, frente el 1,3% que había previsto el anterior Ejecutivo. Calviño también destacó la necesidad de abordar más reformas y, aunque negó que exista un frenazo, reconoció que se está produciendo una “paulatina desaceleración” de la economía.
“No solo no propugno una bajada de impuestos, sino todo lo contrario”. Nadia Calviño, fue así de clara al abordar uno de los objetivos que tiene el Gobierno para afrontar políticas de gasto social y asegurar la estabilidad presupuestaria. La subida dependerá, explicó, del déficit público que apruebe el Parlamento. Es decir, si se mantiene el 1,3% del PIB para 2019, el aumento sería mayor, y si se postula por el 1,8% que plantea el actual Gobierno, sería menor (la diferencia entre ambos porcentajes es de 6.000 millones). En ese sentido, apuntó a la postura que adopten, sobre todo, PP y Ciudadanos y las discusiones que se mantienen en el Parlamento al respecto: “No es coherente mantener objetivos de déficit no realistas, por eso queremos un Presupuesto realista”.
A juicio de la ministra, que intervino en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, “si no hay estabilidad no habrá crecimiento sostenible”, por lo que no hay lugar para políticas fiscales “irresponsables”. “Aplicar bajadas de impuestos sería una práctica contraria a los objetivos de lograr la estabilidad”, comentó, en referencia a las políticas del anterior Ejecutivo. Y abundó en el ataque: “La consolidación se ha materializado en el recorte de gasto público, la bajada de impuestos de los dos últimos años ha supuesto una merma de recaudación de 12.000 millones”.
Calviño también destacó que la fase de ciclo alcista que vive España, con previsiones de crecimiento para este año de entre el 2,6% y 2,8%, ofrece “la oportunidad de poner en marcha las reformas que necesita la economía española”. Según explicó, hasta ahora se han ignorado medidas de futuro. “Hay que dejar atrás las medidas cortoplacistas y basarse en medidas presupuestarias”, incidió de nuevo contra sus antecesores explicando que “no solo son medidas ideológicas”, sino, sobre todo, económicas para reducir la desigualdad y mejorar la estabilidad.
La ministra negó que hubiera frenazo, aunque sí una paulatina desaceleración. “El crecimiento será sólido en los próximos meses en Europa, pero habrá que estar vigilantes. Hay consenso en que el proteccionismo es el riesgo mayor por el hecho de que retrae la inversión, pero no está en nuestro control”. Pese a ello, reconoció que habrá que seguir de cerca y que si hay que reducir las proyecciones “no es ningún drama”.
Esa “paulatina desaceleración”, opinó, “no es como para lanzar las alarmas”. Se produce, explicó, por el agotamiento de los factores que hacían de viento de cola, como la demanda externa, la política expansiva del BCE y de la demanda interna, que pueden ser agravada por las medidas proteccionistas. Pero también destacó que España cuenta con fortalezas, como el cambio de signo de la balanza por cuenta corriente, la reducción del endeudamiento privado, la mayor internacionalización de las empresas y un redimensionamiento del sector de la construcción.
La titular de Economía, que estuvo arropada por varios compañeros de gabinete y los exministros de Economía socialistas (Solchaga, Solbes, Salgado), además de Joaquín Almunia, añadió que el Gobierno debe lograr que esa fase alcista dure lo máximo posible para tener una economía sostenible. Para ello, apuntó, es necesario cambiar la política económica. En ese punto, destacó el “desorbitado aumento de la deuda pública y el alto déficit público estructural”, así como “el inaceptable” incremento de la desigualdad y la pobreza, que han quedado reflejadas en las cifras de paro de agosto.
La ministra mostró una especial sensibilidad por la situación del mercado laboral. “No podemos cerrar los ojos y mantener un discurso que tenga como base solo la recuperación de los mercados”, dijo, para añadir: “Las tasas de precarización se han ampliado y dado lugar a la figura del trabajador pobre”. Reducir la desigualdad y la precarización forma parte de la Agenda para el cambio, que se enfrenta además al reto demográfico, el avance digital y la sostenibilidad del Estado de bienestar, así como cerrar la brecha de género, la lucha contra la pobreza infantil, destinar más recursos a la educación, gestionar la transición energética de forma activa y profundizar en la Unión monetaria.
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