Casi un año y medio después de su creación, la comisión de investigación de la crisis en el Congreso está a punto de culminar su trabajo. Los diputados han presentado este jueves sus propuestas para elaborar un dictamen de conclusiones y el Banco de España aparece como el principal damnificado. Los seis grupos parlamentarios han culpado en sus escritos al organismo supervisor de cometer graves errores tanto en la etapa de gestación de la crisis (1996-2007) como en su gestión (2008 en adelante). Como era previsible, los banqueros también han salido mal parados, pero -como tampoco resulta sorprendente- hay grandes discrepancias sobre la responsabilidad de los distintos gobiernos del PP (Aznar y Rajoy) y el PSOE (Zapatero).
El nexo común de los documentos de socialistas, populares, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV es, así, la crítica a la institución bajo los gobiernos de Jaime Caruana (nombrado por el Ejecutivo Aznar) y Miguel Ángel Fernández Ordóñez (elegido por el de Zapatero). El PSOE asegura que la institución cometió «muchos errores de previsión sobre la evolución de la economía», tomó medidas «claramente insuficientes» para evitar el crecimiento del crédito, «no fue capaz de advertir ni corregir» los problemas de las cajas (en parte por carencias legales), y debería haber sido «más proactiva en el uso de su capacidad de persuasión moral o de sanción ejemplarizante» para evitar el desastre. «El supervisor falló estrepitosamente a la hora de frenar la burbuja del crédito», concluyen los socialistas.
En la misma línea, el PP también afea al Banco de España que no anticipase una recesión «tan intensa» y considera que «podría haber hecho más» en varios aspectos. «Se han demostrado inefectivas ciertas responsabilidades de supervisión, dilatándose decisiones por tomar o permitiéndose operaciones corporativas que daban como resultados nuevos grupos no lo suficientemente robustos», critica. El resumen más contundente quizá lo ofrece el PNV: «En los años de la burbuja inmobiliaria, el Banco de España no cumplió su mandato y ha pasado de una buena a una pésima reputación. Además, le culpa de haber permitido la salida a bolsa de Bankia, de incentivar la colocación de preferentes, y de permitir declaraciones de morosidad inferiores a las reales, la contabilización inflada del valor de los activos hipotecados y refinanciaciones inviables de promotores.
A partir de ahí, comienzan las discrepancias. El PSOE considera que el origen de los problemas es la «desregulación» iniciada por Aznar, que «culminó» en la ley del suelo de 1998, inicio de «muchos proyectos inmobiliarios imprudentes». Las medidas adoptadas por Zapatero, admite, acabaron por «revelarse insuficientes», pero fueron «consideradas inicialmente una buena solución», estaban «totalmente alineadas» con las adoptadas en la Unión Europea y se tomaron como «aconsejaba el Banco de España». Al Ejecutivo de Rajoy, por contra, le critica haber aplicado «los recortes sociales y de derechos más duros de la democracia» y haber mejorado la protección de los clientes bancarios y los hipotecados a remolque de las sentencias judiciales.
El PP, por su parte, defiende que «no se han apreciado indicadores» que apunten a que la ley del suelo favoreció la crisis y asegura que, hasta que llegó Zapatero, se adoptaron medidas y reformas para mantener el equilibrio macroeconómico. En el 2003, mantiene, «no había burbuja», pero en el 2004 ésta ya era «evidente». Pese a ello, añade, «los responsables del Banco de España, de la CNMV y del Gobierno de España» no tomaron medidas «porque no estaban dispuestos a ganarse antipatías».
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