El Gobierno quiere poner el foco en las grandes fortunas para multiplicar los ingresos del Estado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude que su departamento tiene prevista la creación de una Unidad de Control sobre Grandes Patrimonios. A ella se destinarán a casi «200 nuevos funcionarios», lo que supone aumentar casi un 10% la plantilla de la Agencia Tributaria, que actualmente es de casi 25.000 personas.
El director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, precisa que esta Oficina «se creará en cualquier momento», pues no se necesita de ninguna norma para ello. Según explica, esta unidad se inspira en las recomendaciones de la OCDE sobre el control de los llamados ultra high income individuals y que consiste en centralizar la vigilancia sobre un colectivo al que la AEAT sigue con atención.
El Gobierno del PP ya ultimaba la creación de esta oficina a instancias de Ciudadanos. De entrada, se dirigiría a patrimonios de más de 50 millones y luego se iría bajando a 20 y 10 millones. El Ejecutivo de Sánchez podría partir de 10 millones, los patrimonios a los que ha subido un 1% el impuesto del mismo nombre, aunque según Hacienda la cifra no está fijada. En la rueda de prensa de ayer Montero también detalló el resto de medidas contra el fraude con las que espera recaudar hasta 828 millones de euros.
La principal novedad respecto a las ya adelantadas a Bruselas es el estrechamiento del control sobre los propietarios de criptomonedas, pues se establece la obligación de «identificar a los titulares, autorizados o beneficiarios de los saldos» de estas monedas virtuales, así como a informar a la Agencia Tributaria de cualquier operación que se realice con ellas. De esta forma, el Gobierno responde también a los avisos del Banco de España, que había alertado de que el anonimato en los también conocidos como bitcoins hacía que fueran «especialmente atractivos» para cometer actividades ilegales.
El proyecto legislativo también recoge la prohibición del software de doble uso, empleado por algunas empresas para manipular su contabilidad. A partir de ahora, los programas que utilicen las compañías tendrán que estar certificados y los fabricantes de este tipo de productos serán sancionados con multas de hasta 150.000 euros.
Además, el Gobierno realizará la transposición de la directiva europea antielusión fiscal para que «las multinacionales tributen en los países donde tienen la actividad», aclara Montero. Aquí se incluirá la creación de una «lista negra» con páginas web de apuestas no autorizadas. Hacienda también limitará los pagos en efectivo, que se reducirán de 2.500 a 1.000 euros para los intercambios entre profesionales y de 15.000 a 10.000 euros para particulares con domicilio fiscal fuera de España. Con estas medidas, el Gobierno confía en recaudar 218 millones.
El Ejecutivo también prevé ingresos extra de hasta 110 millones con la rebaja de 1 millón a 600.000 euros del umbral por el que los contribuyentes son incluidos en la lista de grandes deudores. Aquí se incluirá también a los responsables solidarios, lo que incluye a directivos y administradores de empresas. En la ley también se prohibirá que se realicen nuevas amnistías fiscales como la de 2012. Esta medida ya había sido anunciada por Sánchez en el Congreso, como contrapartida por no haber publicado los nombres de aquellos contribuyentes que se habían beneficiado de la anterior. Pero su eficacia es dudosa, pues Solchaga ya intentó prohibir las amnistías con los Presupuestos de 1992.
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