Aumentar la compensación económica de las actuaciones de Turno de Oficio para que sea acorde al valor y la calidad del servicio prestado por parte de la abogacía. Esta es una de las peticiones que hizo la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Maria Eugènia Gay, a la ministra de Justicia, Dolores Delgado el pasado 22 de octubre en el primer encuentro entre ambas profesionales.
Ambas entraron también a valorar la sentencia del Tribunal Constitucional que avala que la Justicia gratuita es un derecho reconocido a los ciudadanos, especialmente, a los más vulnerables. En este sentido, Gay subrayó que “las administraciones deben ser conscientes de la labor de este servicio público que prestan los abogados y abogadas del turno de oficio y por ello deberían dotar a la Justicia Gratuita de medios suficientes y adecuados”.
Entre las muchas cuestiones abordadas durante el encuentro, la decana del ICAB puso de manifiesto el colapso del sistema judicial español, que “no puede responder a la ciudadanía diligentemente en tiempo y forma sobre los conflictos que se le plantean”. En este sentido, hizo referencia a las conclusiones del Informe de la Justicia 2018, presentado hace un mes en Barcelona, en el que quedan patentes las importantes deficiencias existentes, especialmente en la jurisdicción civil.
Entre las carencias más graves, el documento recoge que los juzgados especializados en “cláusulas suelo” no son capaces de asumir el volumen de entrada de los expedientes; los procesos de divorcio contenciosos pueden durar un año en Instancia y dos en apelación; el enjuiciamiento de delitos leves que pueden llegar a prescribir por falta de medios para señalar la vista en plazo; o que juzgados de lo social señalan los juicios 2 o 3 años vista.
La decana también subrayó la necesidad de un texto normativo que proteja íntegramente a menores y adolescentes contra cualquier tipo de maltrato y abuso, así como la necesidad de incorporar las previsiones del Protocolo de Estambul a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Por otro lado, Gay explicó la Medida 144 del Plan Estratégico de la Abogacía Española para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, donde el ICAB, junto con el Consejo General de la Abogacía Española, presentará el compromiso del cumplimiento de los objetivos que pretenden, por un lado, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, y por el otro, promover el desarrollo sostenible y facilitar el acceso a la justicia para todos.
Ambas especialistas abordaron la necesidad de trabajar por la igualdad de géneros en la Administración de Justicia, ya que la presencia de mujeres juezas en las distintas instancias es escasa. En este sentido, ha hecho hincapié en que en España las mujeres suponen el 60% de los jueces en primera instancia, pero no llegan al 50% en los tribunales de segunda instancia, unas cifras que se sitúan lejos del 80% de países como Eslovenia, donde los jueces y magistrados son mayoritariamente mujeres.
En el ámbito puramente legislativo, Gay planteó suprimir las tasas judiciales estatales y las establecidas para las PYMES, rehaciendo la configuración actual de este tributo y asimilándola a la que en su día se estableció en el artículo 35 de la Ley 53/2002 (que fue derogado en 2012), que garantizaba la exención del pago de las tasas jurisdiccionales a los sujetos pasivos que tuvieran la consideración de entidades de reducida dimensión.
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