Los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) tendrán a su disposición una bolsa con hasta un 5% de su jornada laboral anual de libre disposición y acumulables entre sí para el cuidado y atención de sus hijos menores, personas mayores y personas con discapacidad en primer grado de consanguinidad o afinidad.
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, firmó un acuerdo con los sindicatos que permitirá a todos los empleados públicos disponer de hasta 11 días al año para la atención de sus familiares más directos.
Estas horas de libre disposición tendrán que ser recuperadas, es decir, los empleados públicos tendrán un plazo máximo de tres meses desde su utilización para devolverlas, y antes de que acabe el año tendrán que haber cumplido con la jornada laboral que les corresponda.
Según el acuerdo alcanzado, la utilización de esta bolsa de horas tendrá que contar con una declaración responsable del empleado público para su justificación, quien además podrá acumularlas en jornadas completas siempre y cuando exista una razón justificada para ello.
Esta bolsa será considerada como una medida de flexibilidad horaria, pero en ningún caso sustituirá a los permisos ya existentes, según el acuerdo de la mesa de negociación de la AGE. El pacto sellado ahora entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los sindicatos es la culminación del pacto firmado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con los funcionarios en marzo de este año, que ya contemplaba la creación de esta bolsa de horas.
Dentro de los acuerdos sellados ayer también se procedió a la firma de la ampliación del permiso de paternidad hasta las ocho semanas en 2019 desde las cinco actuales. Su ampliación será progresiva y pasará a las 12 semanas en 2020 y a las 16 en 2021. Se trata de un incremento que ya fue pactado entre el Gobierno y Unidos Podemos dentro del acuerdo presupuestario para el año que viene.
El borrador presupuestario alcanzado entre el Ejecutivo y la formación liderada por Pablo Iglesias apuntaba que la intención del Gobierno es extender esta ampliación del permiso de paternidad también al sector privado. Pero que se trataría de pactar dentro de la mesa de diálogo social con los sindicatos. Fuentes del Ejecutivo aseguraron entonces que, aunque no hubiera acuerdo con los interlocutores sociales se realizaría por ley.
El sindicato CSIF reprochó ayer al Ministerio “que haya condicionado la negociación al acuerdo alcanzado con Podemos rebajando el alcance del acuerdo”, dado que en un primer momento de las conversaciones se habló de nueve semanas de permiso de paternidad para el año que viene. Además, CSIF aprovechó ayer para reclamar un permiso de paternidad de 20 semanas, en línea con el sellado con la Junta de Andalucía.
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