El anuncio de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros para el próximo año ha pillado a la patronal española en mala posición. Al todavía presidente Juan Rosell apenas le queda una semana de mandato. El próximo 21 de noviembre todos los asociados están convocados a unas elecciones en las que, si todo sale como está previsto, le sustituya Antonio Garamendi.
A pesar de esta situación de transición y de estar funcionando casi al ralentí fuentes de la organización aseguran que se están haciendo esfuerzos por influir en la letra pequeña del texto que regulará esa subida del SMI. “Los detalles de ese texto final importan mucho”, aseguran fuentes conocedoras de esas negociaciones.
La principal demanda que se reclama desde el mundo empresarial está ligada con el periodo de implantación de la medida. La concesión que el Gobierno ha hecho a Unidos Podemos en el pacto presupuestario de situar el salario mínimo en 900 euros no está tan lejos del acuerdo pactado en 2017 entre empresarios y sindicatos con el Gobierno de Rajoy que planteaba una subida hasta los 850 euros. “La gran diferencia está en el tiempo que se nos da a las empresas para adaptarnos al cambio”, aseguran esas fuentes. Mientras que el acuerdo de 2017 apuntaba a una implantación gradual de la medida hasta completarla en 2020, el anuncio realizado por el Gobierno supone un incremento puntual en un año de 22%.
Desde diversas organizaciones han lanzado alertas sobre el impacto que esta media tendría en el empleo. BBVA Research apunta que podrían perderse 150.000 empleos, el Banco de España estima el impacto en 120.000 y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal lo rebaja a unos 40.000 empleos menos. Aunque, según explicó el presidente de la AIReF en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, la dispersión académica sobre el efecto que una subida del SMI en el empleo es tan amplia que posicionarse es todo un riesgo.
Los empresarios son menos alarmistas o más prácticos. “Claro que habrá impacto, sobre todo en aquellos sectores con la mano de obra más barata y cuyos contratos estén sujetos acuerdos entre sus empresas y las empresas en las que se prestan los servicios”, explican. Al tiempo que reconocen que es “asumible con tiempo” y que “llegar en 2020 sería más lógico”. Una aplicación gradual de la subida permitiría un mayor margen de negociación con clientes y proveedores para ajustar presupuestos, explican fuentes empresariales.
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