El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no va a fijar servicios mínimos al no estar desarrollado normativamente este derecho; la Fiscalía General del Estado sí va a asegurar que las actuaciones que resulta urgentes estén cubiertas; y el Ministerio de Justicia pretende descontar el día de su sueldo a los huelguistas, algo que no había ocurrido en anteriores huelgas.
La huelga convocada es el resultado de una serie de reivindicaciones que lleva realizando la carrera fiscal y judicial desde hace por lo menos dos años y que no se han visto cumplidas. Ya hicieron este paro con Rafael Catalá siendo ministro de Justicia y ahora le toca el turno a Dolores Delgado.
Las asociaciones de jueces y fiscales consideran que al Gobierno y la oposición lo único por lo que se preocupan en temas judiciales es repartirse los vocales del CGPJ. Consideran que “para mejorar la Justicia”, devolver a sus profesionales “el nivel salarial de antes de la crisis, crear órganos judiciales, modernizar y dotar los medios materiales” necesarios o “incrementar la autonomía” del Ministerio Fiscal, “nunca hay dinero ni interés”.
“La situación crítica que atraviesa la Justicia -anticuada, obsoleta, insuficiente, lenta- es salvada únicamente por el esfuerzo diario de quienes trabajamos en Justicia”, dicen las organizaciones en diversos comunicados, que inciden en que la “responsabilidad personal” de los operadores jurídicos hizo posible que en 2017 se resolvieran “pese a todo”, 5.478.410 asuntos en 2017. “Todo ello, en un ambiente de desafección de la Carreras Judicial con sus representantes y ante una crisis de imagen de la Justicia sin precedentes”, añaden.
Uno de los puntos más conflictivos a la hora de afrontar esta huelga es que hasta ahora nunca se había descontado de su salario el día de huelga para aquellos que habían decidido hacerla. Sin embargo, en esta ocasión, desde el Ministerio de Justicia su intención es descontarlo para que se asemejen al resto de trabajadores que deciden acogerse a su derecho de huelga.
Diversas fuentes conocedoras de las negociaciones sostienen que alguna de las asociaciones no estaba de acuerdo con que su salario se viera mermado por disfrutar de su derecho a la huelga e incluso se planteó que los días posteriores pudieran utilizar horas extras, pagadas, para recuperar el trabajo perdido de aquel día.
Aunque es cierto que su derecho a la huelga no está regulado, desde el Departamento de Delgado se pretende conseguir una lista de huelguista y descontarles el día de su sueldo. Para ello, necesita la ayuda del órgano de los jueces, todavía presidido por Carlos Lesmes, y de la Fiscalía General del Estado, con María José Segarra al mando.
Las dos instituciones informarán al Ministerio de los datos de huelguistas, quienes a su vez habrán tenido que enviar un correo electrónico y comunicar a sus superiores su falta al trabajo el lunes para hacer huelga.
El Ministerio tiene previsto quitarles ese dinero, pero hasta que no llegue el lunes y compruebe qué datos se les aporta y que fiabilidad tienen no podrá decidir definitivamente si se les puede aplicar de manera efectiva ese derecho.
Powered by WPeMatico