El Ministerio de Economía avanza en la creación de la nueva autoridad para proteger a los hipotecados y consumidores financieros que anunció el presidente Sánchez y que ya tenía previsto constituir el ministro Guindos. Según fuentes de la Administración, la banca soportará con tasas la financiación del organismo que gestionará las reclamaciones contra las entidades. La idea es que se traslade a este nuevo ente el personal que ya se encarga de estas tareas en el Banco de España, la CNMV y Seguros. Al contrario de lo que sucedía hasta ahora, sus arbitrajes serán de obligado cumplimiento para los bancos, ya que este órgano podrá imponerles sanciones. Además, la mediación será gratuita para los usuarios, que no tendrán que acudir con abogados.
La Comisión del Congreso para investigar la crisis ha recomendado en sus conclusiones que el modelo de supervisión español evolucione hacia el denominado Twin Peaks. Esta fórmula, de origen anglosajón, divide la supervisión en dos: en un lado pone a un supervisor solo para la solvencia de entidades y fondos. Y en el otro establece un segundo organismo que se dedique exclusivamente a vigilar la conducta de las entidades y proteger al consumidor. De esta forma se evitan los conflictos: por ejemplo, que un supervisor, con tal de asegurar la solvencia de una entidad y mantenerla a flote, permita que esta incurra en prácticas poco recomendables a costa del consumidor o del inversor minoritario. Podría decirse que tal fue el caso de las preferentes.
En estos momentos, el modelo supervisor en España es sectorial. El Banco de España se ocupa de la solvencia de la banca y también de las reclamaciones de los clientes bancarios. Y lo mismo ocurre con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tiene bajo su escrutinio los mercados financieros y cualquier reclamación que haya de esos clientes. Lo que proponía el Congreso era que la CNMV se quedase con toda la parte de conducta y reclamaciones, y que el Banco de España vigilase los riesgos y la solvencia.
Sin embargo, el Ministerio de Economía cuenta con poco tiempo para poder articular algo tan complejo. Así que ha optado por un paso intermedio. Creará la nueva autoridad independiente de protección al cliente financiero, que solo se encargará de amparar al consumidor y sus reclamaciones. Pero la vigilancia de las conductas seguirá en manos de los supervisores sectoriales. Aunque todavía por cerrar, el presidente del nuevo organismo será designado por la ministra de Economía para un mandato de cinco años no renovables.
Y habrá un consejo en el que se sentarán también el vicepresidente de la autoridad, el secretario general del Tesoro y tres consejeros de los supervisores. De modo que estas instituciones seguirían teniendo voz y voto en el nuevo organismo, hecho que algunos expertos critican porque supondría mantener en la protección al cliente la influencia de los supervisores encargados de la solvencia. “Se pretende crear un marco de gobernanza que asegure la independencia de los encargados de las resoluciones y que evite la litigiosidad”, sostiene una fuente al tanto de la redacción del decreto.
Otros afirman que es importante la participación de estas instituciones porque, por ejemplo, para el Banco de España resulta esencial conocer las quejas y problemas que puedan tener las entidades. En todo caso, se creará un canal para que los supervisores tengan la información relevante de los conflictos que se generen.
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