Los Presupuestos Generales de 2019 diseñados por el Gobierno de Pedro Sánchez han comenzado acumular muestras de desconfianza, particularmente en torno a sus previsiones de ingresos y su capacidad para reducir el déficit público, por parte de algunos de los organismos oficiales más relevantes.
Tras el mazazo asestado por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su declaración ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados este lunes, el martes se han sumado a las críticas la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y la Comisión Europea.
Esta última ha remitido un escrito a las ministras de Economía, Nadia Calviño, y Hacienda, María Jesús Montero, poniendo en duda la recaudación prevista en las cuentas, especialmente en el caso de la novedosa tasa Google sobre las actividades digitales (por su novedad) y la tasa Tobin sobre la compraventa de acciones (por su escasa ambición). En paralelo, Bruselas cuestiona la capacidad del Ejecutivo para alcanzar el objetivo de déficit del 1,3%, según recoge Reuters.
Fuentes oficiales aseveran, en todo caso, que el mensaje de la Comisión es positivo en la medida en que no tumba el plan del Gobierno, ni solicita siquiera correcciones, y se limita a dudar de las estimaciones de ingreso que son siempre inciertas cuando se introduce un nuevo impuesto. Estas mismas voces aducen que misivas anteriores fueron mucho más severas.
El problema es que Bruselas no está sola en su inquietud. En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, el presidente de la Airef, José Luis Escrivá, ha subrayado que la previsión de ingresos públicos estimada por el Ejecutivo se desviará previsiblemente a la baja haciendo «improbable» cumplir con el objetivo del déficit del 1,3% para 2019. Previsiblemente, estima, el agujero solo se rebaje del 2,7% de 2018 al 2,2% este año.
El razonamiento de la Airef se basa en dos postulados: la previsión de que los gastos anunciados se desvíen ligeramente al alza y, ante todo, la estimación de que la recaudación prevista será sensiblemente inferior a la esperada por Hacienda.
Concretamente, frente al ala del incremento de ingresos públicos del 9,5% previsto por el Gobierno frente a la ejecución presupuestaria de 2018, la Airef estima que el aumento será de solo el 7,6%. La rebaja se sustenta fundamentalmente en la convicción de que la reforma fiscal presentada por la ministra María Jesús Montero será menos eficaz de lo que plantean las cuentas del Gobierno.
Específicamente, la Airef pone en cuarentena los ingresos fiados a la implantación de los nuevos impuestos a la compraventa de acciones (tasa Tobin) y las actividades digitales (tasa Google). Mientras el Ejecutivo espera ingresar con ellas 2.050 millones, el organismo que dirige Escrivá asume que solo arrojarán 350 millones. Seis veces menos.
El informe de la autoridad también rebaja de 670 a 503 millones de euros la recaudación posible con el alza del gravamen del diésel y rebaja a cero el impacto del alza en Patrimonio porque depende de las comunidades y no ve visos de que lo apliquen. En general, el organismo reduce de 5.654 a 2.908 millones el impacto positivo de la reforma fiscal. El principal motivo argumentado por Escrivá es que el retraso en la aprobación de las cuentas y las nuevas figuras impositivas rebajará en 1.300 millones de euros la recaudación.
En paralelo, frente a los 3.000 millones de euros adicionales que el Gobierno aspira a lograr con el incremento de cotizaciones, Airef rebaja el monto adicional a 2.300 millones. Así, aunque asume que los ayuntamientos lograrán superávit y las Comunidades Autónomas se acercarán a su objetivo de déficit, el organismo considera que tanto la administración central como la Seguridad Social incumplirán la senda fiscal establecida.
Del lado del gasto, el organismo subraya que las partidas suman 2.300 millones más que en el plan presupuestario anunciado en otoño, alcanzando los 5.128 millones. La gran diferencia es la inversión de 2.415 millones en planes de vivienda, subvencione al trasporte o inversiones en Adif. A partir, de ahí, Airef considera que la factura final se incrementará en 5.250 millones, algo por encima de lo esperado.
Con todo, la Airef ve escaso margen de actuación para ajustar el gasto. Más de la mitad de la inversión, recuerda, está comprometido ya con las comunidades autónomas, porcentaje al que habría que sumar las aportaciones a la UE, las clases pasivas o el pago de intereses. Solo un 27% del total presupuestado puede considerarse gasto disponible y los 24.842 millones que cuesta el alza salarial a los funcionarios están pactados con los sindicatos lo que solo deja 35.000 millones de gasto que sería posible modificar, estima el informe presentado al Congreso. Un monto estrecho del que sacar los 10.800 millones que distancian el 2,2% de déficit previsto del objetivo del 1,3%.
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