El debate parlamentario sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) se convirtió el martes en un plebiscito político en el que el Gobierno asumió que este miércoles ERC y PDeCat bloquearán las Cuentas y las medidas que contienen, entre ellas, la generación de un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 15% para grandes empresas y de un 18% para los sectores de la banca y de los hidrocarburos y la subida del IRPF a clases altas.
Las Cuentas, cuya vía libre se antoja improbable, recogen además acabar con la exención fiscal del 100% a los dividendos de filiales de empresas españolas en el extranjero – que pasaría a ser del 95% – y el incremento del IRPF en dos puntos para rentas superiores a los 130.000 euros y en cuatro puntos para rentas superiores a los 300.000. A ello hay que sumar otras medidas que ya no podrían ver la luz, como la bajada de dos puntos del tipo nominal de Sociedades para pymes, el destope de las cotizaciones máximas, el alza del precio del diésel para equipararlo fiscalmente a la gasolina y el aumento del gravamen de las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi) en un 15%.
A pesar de que estas medidas se podrían sacar adelante todavía por real decreto ley (RDL), el Gobierno duda de esta estrategia. Moncloa alberga incertidumbres legales sobre hasta dónde puede estirar el chicle fiscal sin abrir potenciales contenciosos legales empleando esta herramienta legislativa. Con todo, para prosperar el RDL tiene que ser ratificado por el Congreso, algo que a día de hoy está muy lejos de los 84 diputados que tiene el PSOE en la Cámara Baja.
Sin embargo, el fracaso de los Presupuestos no implica que todas las medidas económicas del Gobierno queden bloqueadas… todavía. La tramitación de las tasas Google y Tobin se mantiene, ajenas al desarrollo de las Cuentas. Sin embargo, su aprobación parece improbable si se adelantan elecciones. Tramitar un proyecto de ley dura, de media, unos seis meses y la legislación obliga a disolver las Cortes 54 días antes de unos comicios generales. Plazos imposibles de cumplir si las elecciones se celebraran en abril o mayo.
Así, la aprobación de los impuestos solo sería posible si los comicios se celebraran en otoño, y aun así el calendario sería muy apretado.
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