Las hipotecas españolas volvieron a ser protagonistas este lunes en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Tras abordar la cláusula suelo, la de desahucios o el interés de demora, la Corte de Luxemburgo abordó este lunes el índice hipotecario IRPH.
Aunque el Tribunal Supremo ha dado por bueno el uso de esta referencia como alternativa al euríbor, alegando que su funcionamiento es similar y está respaldado por autoridades como el Banco de España, la demanda de una cliente contra Bankia llevó al Juzgado de Primera Instancia de Barcelona a elevar una cuestión prejudicial para que el alto tribunal europeo analice si se comercializó con la debida transparencia.
El tribunal, con el presidente del TJUE Koen Lenaerts al frente, arrancó la sesión preparando el proceso a puerta cerrada con los abogados de las distintas partes, como es habitual. Durante la vista posterior, que se alargó casi tres horas, Bankia defendió el uso de IRPH al tratarse de un índice oficial, “transparente y comprensible», y alegando que no es posible por tanto anular la cláusula que lo contiene y fija el precio de la hipoteca. A su vez, los abogados de la demandante cuestionaron la falta de información con que fue comercializada la hipoteca.
La entidad nacionalizada contó con un aliado de excepción: el Reino de España. La Abogacía del Estado, representada por María José García-Valdecasas, defendió los intereses de la banca y el uso del IRPH. Es más, instó al tribunal a limitar el efecto retroactivo del fallo si acaba tumbando este índice. Después de todo, los analistas de Goldman Sachs estiman que el sector bancario español se juega hasta 44.000 millones de euros. En todo caso, el precedente de las cláusulas suelo dejó claro el criterio del TJUE: si la cláusula es nula, por opaca, lo es desde el origen del contrato.
Por su parte, los representantes de la Comisión Europea defendieron que la regulación comunitaria solo permite usar estos índices si se hace con total transparencia. Por su parte, Reino Unido también ha comparecido en la vista para defender la validez los contratos hipotecarios que recogen índices oficiales, a fin de proteger sus propios contratos de cualquier cuestionamiento judicial.
Finalmente, el abogado general Maciej Szpunar (una suerte de fiscal general que ya apostó por anular los desahucios españoles basados en cláusulas abusivas) avanzó que ofrecerá sus conclusiones el 24 de junio. Aunque su criterio no es vinculante, este suele guiar al tribunal, que dictará sentencia sobre el asunto previsiblemente a la vuelta del verano.
«Hoy ha sido un día muy importante en la defensa de los afectados por IRPH, estamos convencidos de que las conclusiones del Abogado General serán favorables a los consumidores y que la sentencia será un antes y un después, como lo fue la de la cláusula suelo», ha declarado al concluir la vista la presidenta de la asociación de usuarios financieros Asufin, Patricia Suárez.
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