El número de contribuyentes que deciden llevar la contraria a la Agencia Tributaria o a las Haciendas regionales acudiendo a los Tribunales Económico-Administrativos, paso obligado previo a la vía contenciosa de lo judicial, se ha disparado un 54% entre 2007 y 2017, último ejercicio del que hay datos públicos. Estos tribunales tramitaron ese último ejercicio 194.279 recursos y resolvieron 209.617, en los que fallaron a favor de la administración en el 44,76% de casos, dieron la razón al contribuyente –al menos parcialmente– en el 45,31% y desestimaron o archivaron otro 9,92%. Un equilibrio, ya de por sí llamativo, que se rompe a favor del ciudadano especialmente en el caso de algunos impuestos autonómicos.
Los casos más significativos son los recursos contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o contra las tasas, en los que los tribunales dan la razón al contribuyente en siete de cada 10 casos, o contra Transmisiones Patrimoniales, cuando ganan seis de cada 10, según las cifras oficiales. “El grueso de estos casos corresponde con la comprobación del valor de los inmuebles en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales o Sucesiones y Donaciones, que es donde más hacen agua las comunidades”, explica Javier Gómez Taboada, vocal de estudios e investigación de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). Un método de valoración de inmuebles tan discutido que Hacienda intentó cambiarlo en el plan antifraude que las elecciones han dejado en el aire.
“A las actuaciones de la administración se les presupone validez por imperativo legal, como cuando un Guardia Civil te multa y se da por bueno su criterio, pero cuando los procesos tributarios se someten a la prueba del algodón de los tribunales esa presunción parece cuestionable”, aduce Gómez Taboada. “Además, en aquellos asuntos que llegan a la vía judicial, Hacienda pierde cerca del 30%”, agrega el representante de Aedaf, que expone que entre la vía administrativa y la judicial, las Haciendas “pierden cerca de la mitad de procedimientos”. Gómez Taboada considera que las Haciendas mantienen una “actuación cuestionable” que pone en riesgo “la seguridad jurídica” del contribuyente. Este ha pasado de ganar el 36% de los casos a casi el 45% en la última década. “La Agencia Tributaria se mantiene en los mismos ratios de media desde hace tiempo, pero las administraciones autonómicas han incrementado muy sensiblemente el porcentaje de procedimientos que acaban perdiendo, llegando en algunos casos a un estratosférico 84% y no pasa nada”, critica Gómez Taboada.
Los datos que maneja la propia Agencia Tributaria así lo confirman. El fisco matiza, con todo, que los datos agregados de los tribunales no distinguen entre las estimaciones totales sobre los recursos de los contribuyentes y aquellas solo parciales, en las que la administración lleva parte de razón. A partir de ahí, desde la Agencia Tributaria detallan un porcentaje inferior de fracaso que el que arroja la media nacional que suma las cifras autonómicas. Así, destacan, en 2017 el número de casos totalmente favorables a la Agencia Tributaria fue del 62,8%, mientras que en otro 8,4% la estimación fue parcial y el contribuyente solo obtuvo la razón plena un 28,8% de veces. La proporción es similar en la vía judicial de lo contencioso, con un 66,6% de asuntos ganados por Hacienda, un 6,9% de estimaciones parciales y un 26,5% de éxitos plenos para el ciudadano. En la vía penal, la Agencia ganó el 71%, con un 4% de resoluciones parciales y un 25% a favor del contribuyente.
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