Bruselas censura a nuestro país -y no es la primera vez- por no seguir sus recomendaciones en materia de tributos medioambientales y mantener su laxa política fiscal verde, cuya recaudación apenas alcanza el 1,85% del PIB -frente al 2,46% que suponen de media en la UE-, y que no desincentiva con mayores gravámenes las actividades empresariales, fabriles y sociales más contaminantes.
En concreto, el informe reprocha al Gobierno que todavía subvencione los combustibles fósiles, el carbón local o los automóviles de empresa; que grave menos el gasóleo que la gasolina, y que haya hecho caso omiso de sus repetidos consejos y sugerencias para armonizar y mejorar el funcionamiento de los tributos verdes, una opción clara para incrementar los ingresos del Estado de manera lógica y sostenible.
«En España, los impuestos ambientales y la Reforma Fiscal Verde han tenido siempre mayor apoyo académico que relevancia presupuestaria y receptividad política. Los sucesivos Gobiernos españoles han sido renuentes a incorporar este tipo de instrumentos y cuando lo han hecho ha sido de manera tangencial, como opción para resolver problemas regulatorios y recaudatorios puntuales», afirman los profesores Xabier Labandeira y Alberto Gago en su reciente informe Las nuevas reformas verdes. La consecuencia, añaden, es que, el papel que han desempeñado las políticas fiscales y ambientales ha sido muy poco relevante.
Nuestro país está en el furgón de cola de la UE en impuestos verdes, lo que se refleja en su reducida participación recaudatoria. Según los datos de la CE, España es uno de los países con menor porcentaje de fiscalidad ambiental en los ingresos por impuestos y contribuciones sociales: el 5,5% del PIB, frente a la media del 6,35% de la UE, con datos de 2014.
Y en términos de PIB, España ocupa la antepenúltima posición de los 28 países miembros en impuestos ambientales, solo por delante de Lituania y Eslovaquia; el puesto 22 en tributos sobre la energía y sobre el transporte, y el puesto 16 en la fiscalidad sobre la contaminación y el uso de recursos naturales. Algo ha mejorado la recaudación en los últimos años -si en 2010 la fiscalidad verde suponía el 1,6% del PIB, en 2014 había subido al 1,85%, unos 19.250 millones de euros-, pero sigue muy lejos de la media europea, que estaba ese año en el 2,46% del PIB.
«Los tributos medioambientales son meramente instrumentales, su fin primordial no es recaudar, sino proteger el medio ambiente. Son impuestos de naturaleza no fiscal. Si ha subido algo la recaudación es porque, actualmente, lo que están haciendo tanto el Estado como las comunidades autónomas es aumentar la fiscalidad verde para lograr recursos, pero no es cierto que estén protegiendo el medio ambiente, porque no disponemos de un sistema tributario verde, no hay nada sistematizado», explica el abogado fiscalista, Félix Bornstein.
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