El Ministerio de Hacienda publicará esta semana el dato de déficit público de 2018, que previsiblemente bajará del 3% del PIB y permitirá salir, tras una década, del férreo control de Bruselas asociado al procedimiento de déficit excesivo (PDE).
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha avanzado que el déficit cerrará 2018 por debajo del 2,7% del PIB, aunque probablemente estará por encima del objetivo oficial (2, %), un desvío que el Gobierno justifica en que las previsiones remitidas por el Ejecutivo anterior a Bruselas no eran realistas.
El paso del brazo correctivo al brazo preventivo, asociado al umbral del 3% del PIB, no será automático tras conocerse el viernes 29 de marzo el dato de déficit, sino que necesita del visto bueno de las autoridades europeas, que se conocerá en junio.
El fin del PDE implicará salir del «incómodo» seguimiento específico que actualmente Bruselas realiza de las cuentas españolas y que puede derivar en medidas de ajuste e incluso sanciones, según explica el director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raymond Torres.
Sería además un paso bien recibido en los mercados, según Torres, que apunta que podría influir en la mejora de la calificación crediticia del país, que a su vez repercutiría en una mejora de la prima de riesgo y de los costes de financiación.
El director adjunto del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia Joaquin Maudos coincide en que la potencial salida del PDE es «una buena noticia», aunque considera «altamente preocupante» que España tenga el déficit más alto de la Unión Europea y que la mayor parte de este sea estructural.
España pasó directamente de registrar superávit en 2007 (2,2% del PIB) a entrar en el procedimiento de déficit excesivo en 2008 al cerrar con un déficit del 3,99% del PIB, una cifra que se disparó hasta el 11,06% del PIB al año siguiente. Desde entonces el déficit se ha corregido lentamente: 9,33% del PIB en 2010; 9,44% en 2011; 6,84% en 2012; 6,33% en 2013; 5,77% en 2014; 5,06% en 2015; 4,29% en 2016 y 3,03% en 2017.
La potencial salida del brazo correctivo no significa el fin definitivo del control de Bruselas, que ahora se centrará en una revisión más suave a modo preventivo, es decir, para que el déficit público no vuelva a descontrolarse por encima de lo que marca el pacto de estabilidad y crecimiento.
En concreto, Bruselas vigilará la corrección del déficit estructural, la evolución del gasto público conforme a la regla de gasto europea -que mide de manera más general que la actualmente vigente en España- y la reducción de la deuda pública, con el objetivo de reconducirla por debajo del 60% del PIB.
Torres admite que «siempre» existe la posibilidad de volver al PDE, aunque asegura que «no será fácil» porque implicaría no solo que España incumpliera los umbrales de déficit y deuda, sino que además la Comisión Europea percibiera que no se hace nada para corregirlo.
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