La Agencia Tributaria espera tramitar 20,35 millones declaraciones de IRPF en la campaña de la renta de 2018, que ha arrancado oficialmente este martes. Se trata de un incremento interanual del 1,8% (361.000 declaraciones más) y la cifra total bate el récord ya alcanzando el ejercicio anterior.
Del total de declaraciones, 14,31 millones saldrán a devolver lo que llevará a Hacienda a ingresar 10.468 millones a los contribuyentes, un 4,5% más que el monto abonado el año pasado. A su vez, 5,16 millones de declaraciones saldrán a pagar, lo que obligará a los declarantes a abonar al fisco unos 10.160 millones de euros.
Las cifras rompen con la tendencia del año pasado, al caer las declaraciones a pagar y subir las que salen a devolver, lo que Hacienda achaca a las nuevas deducciones aprobadas en los Presupuestos Generales de 2018 y a la exención de la tributación por las prestaciones de maternidad y paternidad que impuso el Tribunal Supremo.
En las últimas dos semanas, en las que el fisco ya ofrecía a los contribuyentes sus datos fiscales de 2018 para poder avanzar en la preparación de la declaración, 1,49 millones de ciudadanos han accedido a su información tributaria y a las alertas incorporadas por la Agencia Tributaria.
Una de las principales novedades de la campaña de la renta presentada esta mañana en rueda de prensa por el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, es que incorpora nuevos avisos al contribuyente sobre datos sin declarar a los que el fisco ha tenido acceso.
En concreto, por primera vez, Hacienda señalará por primera vez durante esta campaña a unos 14.700 contribuyentes que operan con criptomonedas. El mensaje que recibirán estos ciudadanos reza así: «De acuerdo con los datos de que dispone la AEAT usted ha realizado operaciones con criptomonedas. Le recordamos que los beneficios generados en dichas operaciones constituyen rentas sujetas a IRPF, con la calificación de ganancias patrimoniales, que deben de incluirse en la casilla 389».
La información que apunta a estos contribuyentes concretos responde a las pesquisas de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude que el año pasado requirió datos a entidades financieras, casas de cambio e intermediarios, así como de países terceros.
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