Hacienda suspendió la posibilidad de presentar una predeclaración física antes de que arrancara, dejando la opción de imprimir el borrador, pero obligando a los contribuyentes a presentarla digitalmente bien sea en las propias oficinas de la Agencia Tributaria, mediante su servicio de atención telefónica, en su web o mediante su aplicación móvil.
La Asociación de Asesores Fiscales Aedaf ha decidido ahora presentar un recurso contencioso administrativo para impugnar la orden ministerial HAC/277/2019, de 4 de marzo solicitando su suspensión, por no permitir la presentación de la declaración de IRPF en papel.
La asociación denuncia que hay 350.000 contribuyentes que utilizaron la predeclaración en papel en la campaña de la renta de 2017 (celebrada el pasado ejercicio) y cuyos derechos habrían quedado desamparados por la decisión de la Agencia Tributaria.
“Contribuir es una obligación y se debe, especialmente en las personas mayores, facilitar su cumplimiento sin complicarle aún más la vida al contribuyente. Hay perfiles de contribuyentes que no están familiarizados con las nuevas tecnologías, por ejemplo, algunas personas mayores, y esta medida les causa confusión y desconcierto”, ha declarado José Ignacio Alemany, presidente de Aedaf, quien considera que la medida convierte en una obligación el derecho a relacionarse con la administración por medios electrónicos.
“Hay zonas de nuestro país en las que Internet aún tiene bajas tasas de penetración y donde tampoco hay a mano una sucursal bancaria y menos aún una Delegación de la AEAT. ¿Qué espera la Agencia Tributaria que hagan en ese caso estos contribuyentes?”, agregan desde Aedaf, donde recuerdan que la digitalización no es plena en todas las regiones de España.
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