La oficina estadística Eurostat corrigió a la baja los números que le remitió Madrid. El Gobierno anunció que cerró el año pasado con un desfase presupuestario equivalente al 2,63% del PIB, pero Bruselas lo recortó al 2,48% al considerar que ciertos gastos deberán imputarse a 2019. Si nada se tuerce, España, que deja de ser el país de la UE con más déficit, saldrá en junio del brazo correctivo.
España será el último país de la UE en abandonar la UCI de Bruselas, por la que en 2011 llegaron a pasar 24 países. La salida se producirá previsiblemente, según fuentes comunitarias, el próximo junio. Si en las previsiones económicas de mayo la Comisión Europea constata que España no rebasará en los próximos dos años el sacrosanto límite del 3%, dará luz verde para que salga de la estricta vigilancia a la que ahora está sometida.
Como ya anunció poco después de tomar cargo de su cartera la ministra de Economía, Nadia Calviño, España no cumplirá con los compromisos adquiridos por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. Estos pasaban por drenar el déficit del 3,1% de 2017 hasta el 2,2% del PIB en 2018. Calviño consideró entonces que eso implicaba un “ajuste de gran magnitud”. Sin embargo, al final no ha quedado lejos de esa meta. Y paradójicamente, Bruselas ha acabado mejorando el saldo final que estimó el Gobierno de Pedro Sánchez.
El Ejecutivo anunció en marzo que rebajó el déficit al 2,63% del PIB gracias a una enorme subida de la recaudación fiscal y pese al aumento del gasto y la desaceleración económica. Sin embargo, en las cuentas se anotaron varios gastos extraordinarios —que no se repetirán— y que, según le advirtió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, no tenían por qué ser imputados a ese ejercicio.
El Banco de España concretó que, en parte, el saldo se reduce por el registro de 890 millones de euros por contratos de concesiones de autopistas, en relación a la reclamación que ha formulado Abertis al Estado por unas obras en la AP-7 que aún se halla en los tribunales. Hacienda también cargó al déficit de 2018 los 702 millones que debe devolver a Telefónica por el impuesto de sociedades, a pesar de que la sentencia se dictó este año. En una nota, Hacienda afirmó que “los datos comunicados inicialmente por la Intervención General del Estado” contemplaban un mayor gasto” en 2018 “basándose en el principio de prudencia”. Eso se cambió tras un “proceso habitual de consultas e intercambio de información” con Eurostat.
España, pues, acabó 2018 mejor de lo que esperaba. Pero a la vez tendrá menos margen para este año al tener que afrontar más extraordinarios. Los compromisos con Bruselas pasan por ir cerrando ya el boquete de los Presupuestos y dejarlo en el 1,3% del PIB. No obstante, Calviño avisó de que su meta sería el 1,8%, al considerarla más realista para desplegar las políticas sociales a las que se comprometió el Ejecutivo de Sánchez.
Ya liberada del corsé del procedimiento de déficit excesivo, la Comisión examinará cada año el saldo estructural de España. Es decir, la situación de las cuentas públicas descontando los efectos del ciclo económico. Bruselas le exige un ajuste del 0,65% del PIB anual, con un margen de incumplimiento del 0,5% que puede repartir en los dos primeros años.
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