Según el Programa Nacional de Reformas enviado a Bruselas, todos los ministerios deberán remitir a Hacienda un calendario semestral de actuaciones para 2019, con especial atención a las partidas de subvenciones, convenios, créditos de las comunidades, cuotas a organismos internacionales, transferencias a entes públicos, compra de acciones, aportaciones patrimoniales, o concesión de préstamos, que no podrán impulsar sin luz verde del fisco. Hacienda también establecerá “limites” a los nuevos gastos propuestos, aunque podrá aprobarlos excepcionalmente.
Del lado tributario, el Ejecutivo espera un incremento del 4,6% en la recaudación. Aunque la cifra es inferior al 7,6% de aumento registrado en 2018, supone un alza similar, de unos 10.000 millones de euros, con la diferencia de que el PIB crecerá este año un 2,2%, cuatro décimas menos. A su vez, eso sí, prevé ingresar 3.786 millones de cotizaciones por medidas como el incremento del 22% de las bases mínimas que acompañó la subida del salario mínimo (1.339 millones), la del 7% de las máximas (850 millones), la cotización de los becarios (75), los empleados de hogar (16), parados de 52 años subsidiados (193), o cuidadores de dependientes (296).
En paralelo, Economía asume un incremento del gasto de 3.829 millones por el alza de pensiones aprobada por el PP en 2018 (1.175 millones), la actualización con el IPC que impulsó Sánchez (123), la ampliación del permiso de paternidad (252), o el subsidio para mayores de 52 años en el paro (349).
Con todo, Economía asevera que el crecimiento, la reordenación de partidas presupuestarias y la revisión de beneficios fiscales permitirán rebajar el peso del gasto sobre el PIB del 41,3% al 41,1% este año e ir moderándolo al 40,7% para 2022. El Gobierno ultima además un plan de reordenación de los incentivos a la contratación para ahorrar 500 millones al año desde 2020. En paralelo, los ingresos crecerían del 38,9% al 39,1% en 2019, saltarían al 39,8% con la reforma fiscal prevista para 2020 (alza de IRPF, Sociedades, subida de gravamen del diésel y tasas Tobin o Google) y se igualaría al 40,7% del gasto en 2022 para permitir recuperar el equilibrio presupuestario. En este periodo la presión fiscal subiría del 35,1% al 37,3% lo que suponen 26.600 millones más de ingresos tributarios.
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