Supondría marcar un máximo histórico en una situación de prórroga presupuestaria, es decir, incluso sin las nuevas medidas tributarias que se pretendían introducir en las cuentas de 2019. Las previsiones incorporadas en la Actualización del Programa de Estabilidad 2019 remitido esta semana a Bruselas explican que este «positivo comportamiento de la recaudación» se apoya en el esperado crecimiento de la remuneración de los asalariados, que supondrá mayores ingresos por IRPF y mayor consumo.
En concreto, el Ejecutivo prevé recaudar este año 86.126 millones por IRPF, un 3,9% más, un avance inferior al que correspondería a la esperada evolución de los salarios debido, entre otros factores, a la exención de tributación de la prestación de maternidad. Dentro de este impuesto, la estimación de retenciones sobre rendimientos del trabajo y actividades profesionales avanza un 5,7% y la de fondos de inversión, un 15,6%.
La recaudación prevista del impuesto de sociedades asciende a 26.063 millones, un 4,9% más, y la del IVA, a 73.712 millones, un 5% más. La previsión de ingresos de los impuestos especiales se dispara un 9,3%, hasta los 22.440 millones, impulsada por el avance del 15,6% del impuesto de hidrocarburos (a 12.963 millones) después de que la inclusión del tramo autonómico del gravamen en la tarifa estatal, aprobada en las cuentas de 2018, haya supuesto una armonización al alza.
Aunque el rechazo del proyecto presupuestario de 2019 y la convocatoria de elecciones haya hecho decaer las medidas tributarias previstas, en este ejercicio impactan algunas medidas aprobadas con anterioridad. Entre ellas figuran medidas incluidas en el presupuesto de 2018, como la reducción del IRPF para rentas bajas, la elevación del umbral de pago del gravamen especial sobre las loterías, la deducción por inversión en empresas de nueva creación o la bajada del IVA del cine.
También impacta la exención temporal del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, la exención de tributación de las prestaciones de maternidad y paternidad o la reducción de retenciones para rendimientos de la propiedad intelectual. La previsión de recaudación recogida en el Programa de Estabilidad es inferior a la del fallido proyecto presupuestario de 2019 -227.356 millones-, en parte debido a que esta incluía el impacto de una serie de iniciativas que todavía no han podido aplicarse y que el Gobierno prevé implementar en 2020.
El propio documento enviado a Bruselas cifra en 5.654 millones de euros el impacto recaudatorio de esas medidas, entre las que destaca la limitación de exenciones y el establecimiento de una tributación efectiva mínima en el impuesto de sociedades, que permitirá ingresar 1.776 millones adicionales con este impuesto.
A esto añaden 1.200 millones por el nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales y 850 millones por el impuesto sobre las transacciones financieras, así como 670 millones de fiscalidad verde, donde incluye la progresiva equiparación de la tributación del diésel y la gasolina.
La Actualización del Programa de Estabilidad también recoge las iniciativas puestas en marcha para analizar la eficiencia del gasto público, como parte del proceso de revisión encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
En concreto, este año, se evaluarán trece beneficios fiscales -de alquiler de vivienda, tributación conjunta, deducciones sociales, por donaciones o incentivos a la investigación y desarrollo-, gasto hospitalario, incentivos a la contratación e infraestructuras de transporte.
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