El programa de viajes del Imserso se ha celebrado de forma ininterrumpida desde 1985. Un sistema que permitía a las personas mayores de 55 años o a las personas jubiladas viajar a unas tarifas más reducidas y que aseguraba a los empresarios hoteleros un mayor nivel de ocupación en temporada baja. Un clima de entendimiento entre todos los agentes implicados que ha saltado por los aires este año. Nada más hacerse públicos los pliegos del concurso el pasado 13 de abril, los hoteleros se mostraron muy críticos con el diseño del programa, al entender que los precios que fijaba para los dos próximos años llevaba a pérdidas a un gran número de establecimientos y anunciaron que barajaban recurrirlo ante la Justicia.
Han cumplido su amenaza y han presentado un recurso ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales. Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), precisa que para que el programa sea rentable para los hoteles, el precio por persona y día debía situarse en 25 euros y no en los 22,5 euros que marca el pliego. Asimismo, critica el hecho de que los precios de venta al público cayeran hasta un 12%, sin contar con una mayor aportación por parte del Estado o de los clientes, lo que lleva a que esa bajada vaya en contra de los márgenes de los hoteles.
El descontento de los hoteleros va más allá de las condiciones para el primer año y rechazan las condiciones fijadas para los tres siguientes ejercicios. En concreto, el concurso fija una actualización de precios del 0,92% para 2020 y la congelación para 2021 y 2022, los dos años fijados en la prórroga. Molas recalca, además, que el Ejecutivo se guarda la posibilidad de ejecutar o no dicha prórroga, “sin necesidad de consensuarlo con el resto de operadores”.
Otras reivindicaciones del sector se centran en el hecho de que el pliego priorice a los hoteles de cuatro estrellas como gestores, “sin ninguna consideración a los hoteles de inferior categoría que han trabajado en este programa en los ejercicios anteriores y que podrían verse fuera de la contratación”. En su opinión, «los hoteles de tres estrellas, que son los más valorados en su mismo nivel de clasificación de toda Europa, han sido por norma general los que han permitido el desarrollo y ejecución del programa, y sin razón justificada se ven obligados a competir en inferioridad de condiciones frente a hoteles incluso de cinco estrellas, que en ningún caso son los llamados a participar del mismo».
Los hoteleros también critican el hecho de que se hayan suprimido las tarifas reducidas para temporada baja, ya que consideran que es una manera de desincentivar la contratación de viajes en los meses de otoño e invierno, cuando los niveles de ocupación son más bajos.
De este modo, el sector hotelero considera que los pliegos presentados “no se corresponden con ninguna política que favorezca la cualificación del empleo, la mejora de las condiciones laborales y no tiene en cuenta la devolución de lo que el sector hotelero aporta a las arcas públicas”. Según los cálculos de la patronal hotelera, por cada euro que el Estado invierte en este programa, recibe de vuelta 1,5 euros si se suman cotizaciones sociales, impuestos y prestaciones de paro que se dejan de percibir”. Por ello solicita la anulación de los pliegos y la retroacción de todas las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior a su aprobación, solicitando como medida cautelar urgente e inmediata la suspensión de la licitación.
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