La Abogacía se moviliza para que el Ministerio de Trabajo le exima del registro diario de la jornada en un desarrollo reglamentario. Considera que la norma es de imposible cumplimiento para esta profesión. Movilización en la Abogacía para que la profesión quede exenta de la nueva obligación de registro diario de la jornada laboral. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) intentan que el Ministerio de Trabajo les exima en un desarrollo reglamentario de la norma.
Sin embargo, no se trata únicamente de un problema de complejidad. Para las grandes firmas es, además, un tema incómodo. Y lo es porque en muchas de ellas las jornadas exceden sistemáticamente los límites legales. «Si te pagan 200.000 euros, asumes que no tienes horario», resume una fuente del sector. Es decir, el registro choca frontalmente con esa regla no escrita (en la abogacía y en otras profesiones) de que un gran sueldo conlleva plena disponibilidad.
Rafael Fontana, presidente de Cuatrecasas; Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues; Luis de Carlos, presidente de Uría Menéndez; Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados; Joan Roca, presidente de Roca Junyent, y Carlos Rueda, socio director de Gómez-Acebo & Pombo, han expresado su preocupación con la nueva obligación en el congreso de la Abogacía que se ha celebrado en Valladolid. Coincide en esta inquietud la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, que considera que «si, efectivamente, en alguna profesión choca este registro, es en la Abogacía» y se ha comprometido a actuar institucionalmente.
Es evidente que no todos los abogados con jornadas interminables trabajan para grandes firmas y reciben cuantiosas retribuciones (también hay precariedad en la profesión). Pero los que sí lo hacen, aceptan el sistema. También muchos jóvenes que, con 30 años, pueden verse ganando 70.000 u 80.000 euros, unas cantidades que irán en aumento si cumplen objetivos. El sistema es duro y competitivo, pero, en términos económicos y de prestigio profesional, la recompensa es grande.
Tampoco encaja bien con la filosofía del registro horario el hecho de que la mejor (y quizás la única) unidad de medida que tienen los despachos y los letrados para medir su desempeño sean las horas de trabajo. «El sistema premia a quien echa más horas», explica otra fuente. «De media, los bufetes suelen exigir seis horas facturables al día para cumplir con los objetivos (en algún caso, incluso, supera las siete). Y para facturar seis horas, un abogado debe trabajar diez». Según ha podido saber este diario, algunos grandes despachos, la mayoría internacionales, están conversando entre ellos para buscar fórmulas para cumplir con la nueva exigencia legal. La cuestión está provocando bastantes quebraderos de cabeza porque, si se reflejan las horas de trabajo reales, existe el riesgo cierto de que, en muchos casos, se supere el máximo de 1.826 horas anuales que permite la ley.
No son propiamente un registro horario, pero las firmas ya cuentan con un documento que permite hacer un seguimiento del trabajo: los timesheets. La finalidad de estos programas, no obstante, no es el control del cumplimiento laboral, sino controlar la productividad. De hecho, en todos los casos consultados, los abogados pueden introducir en ellos más horas de las que marca la ley como límite. Por esto, y por el hecho de que contienen información sensible (y probablemente protegida legalmente), no parece que vayan a ser el instrumento que se emplee como registro.
Al margen de estas circunstancias, lo cierto es que también hay quien defiende que, al regirse por una relación laboral especial, el registro no es aplicable a los abogados. Es la opinión minoritaria, no obstante. La mayoría de laboralistas y expertos en recursos humanos consultados sostienen que, aunque sea de difícil aplicación, el control de jornada no es incompatible «con la naturaleza y características especiales» de la profesión, por lo que resulta de aplicación de forma supletoria el Estatuto de los Trabajadores. «Una cosa es la distribución irregular de jornada y otra exceptuar los mecanismos para evitar abusos», explica un letrado.
En todo caso, tal y como subrayan desde varios despachos, la Inspección de Trabajo rara vez ha puesto en su punto de mira a los bufetes (al contrario que Hacienda, que sí ha sido más agresiva).
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