La Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) ha denunciado este lunes que cerca de 800 turistas británicos acuden a diario en temporada alta a centros sanitarios de este sector para ser tratados, porque piensan que la póliza de seguro de viaje que han contratado en su país cubre este servicio, cuando no es así.
Se trata de un posible fraude asistencial médico por parte de unas quince aseguradoras del Reino Unido, según ha denunciado Carlos Rus, secretario general de la patronal de la sanidad privada, que ha estimado el impacto económico en el ámbito privado de 75 a 100 millones de euros, además del coste para la salud de los pacientes.
El fraude consiste en lo siguiente: las compañías británicas de viaje en cuestión venden una póliza de seguro que cubre el equipaje, pero también la asistencia sanitaria por si los turistas tienen un percance durante las vacaciones.
Pero, como ha explicado David Medina, miembro de la junta directiva de Aspe, en el contrato las compañías incluyen, «generalmente de una manera opaca y en letra pequeña», que la asistencia que le cubre es en un centro público, nunca en uno privado.
Es decir, les venden algo a lo que tienen ya derecho como ciudadano europeo al tener acceso a la tarjeta sanitaria europea, lo que le da derecho a acudir a un centro público. Por eso, para contratar las pólizas, las empresas exigen a los clientes que se saquen esta tarjeta.
El problema es cuando el turista llega a España de vacaciones y se pone enfermo y, muchas veces por cercanía y otras por desconocimiento, acaba en un centro privado.
En ese caso, según Medina, la sanidad privada actúa en función de la gravedad del paciente. Si no está grave, se le informa de que no tiene cubierta la asistencia en el hospital y se le da opción a ser asistido allí y a abonar esta asistencia o que se traslade a un centro público.
Lo malo es cuando el paciente está grave y tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Si tiene que ser de forma inminente, según Medina, «no hay dudas», porque siempre se le atiende, pero luego la compañía deniega la factura y el paciente en muchas ocasiones no tiene para pagar.
Si la intervención no tiene que ser inmediata y es trasladado a un centro público, el sistema nacional de salud le pasa luego al centro privado que le ha trasladado la factura con el coste de la ambulancia y de la intervención quirúrgica.
Y eso es así, según Medina, porque la Administración se acoge al artículo 83 de la Ley General de Sanidad, que establece quién es el «tercero obligado al pago» de estos servicios en estos supuestos. Algunas autonomías, como Murcia, Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana, según han comentado, consideran que ese «tercero» es la sanidad privada porque ha trasladado al paciente al centro público.
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