España debería aprovechar el momento de bonanza que vive la economía, a pesar de la desaceleración, para emprender reformas que la blinden ante las amenazas que ya se divisan en el horizonte. Pero la parálisis que impera en la política española desde hace casi un lustro lo está impidiendo, y pronto podría ser demasiado tarde.
La amenaza de bloqueo político y de nuevas elecciones vuelve a inquietar. Incluso con investidura en el horizonte, un escenario de aprobación de Presupuestos se antoja muy complicado. Esta falta de capacidad legislativa ha sido avisada por los principales organismos internacionales, a los que ahora se suman agencias de rating y banca de inversión. «Las implicaciones crediticias de las elecciones dependerán de si el futuro Gobierno es capaz de conformar una mayoría legislativa y el consenso necesario para avanzar en una agenda de reformas estructurales macroeconómicas y fiscales», advierte Moody’s.
Casi tres meses después de las elecciones generales, España sigue sin gobierno a la vista y con unos presupuestos prorrogados. La fragmentación política que arrastra el país desde 2015, después de tres resultados electorales sin mayorías estables abona esta realidad que ha venido para quedarse. «La incapacidad acumulada de las autoridades de dirigir los retos pendientes puede lastrar el comportamiento de la economía en el medio-largo plazo», avisa la agencia S&P, con la que coincide Antonio Madera, jefe de rating soberano y subsoberano de Axesor, que avisa de que «esa incertidumbre acabará afectando negativamente al crecimiento potencial».
España lleva desde 2013 sin efectuar reformas de calado. Cansado de esperar, el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue uno de los primeros organismos en dar un toque de atención. «En España hace falta un nuevo ímpetu para impulsar una agenda de reformas estructurales», advirtió en noviembre el informe anual sobre España del organismo, que pedía aprovechar el momento de crecimiento para reducir el déficit y la deuda y disponer así de un colchón frente a posibles sustos.
El problema es que cada vez son más las amenazas que sobrevuelan la economía, y España no está preparada para afrontarlas. «España se vería forzada a un ajuste procíclico si la economía es golpeada por un shock», avisó el FMI. A los riesgos externos, con el posible impacto de una guerra comercial o el golpe que supondría un Brexit caótico, se suman los internos. España convive con un agujero de 18.500 millones en la Seguridad Social en un entorno de envejecimiento demográfico y desempleo juvenil. Además, pese a que acaba de salir del procedimiento de déficit excesivo, la economía posee el déficit estructural más elevado de la Unión Europea. Esto dificulta la reducción de la deuda, actualmente en el 98,7% del PIB, y significa que, en caso de shock, el déficit podría volver a dispararse. «Esta situación hace a España especialmente vulnerable ante la próxima desaceleración», avisa Moody’s.
No en vano, la Comisión Europea ha pedido al Gobierno un ajuste de 7.800 millones de euros en 2020. «Cada vez va a ser más difícil esconder» que a España le quedan por ajustar tres puntos estructurales del PIB, advierte Rubén Segura-Cayuela, economista jefe para Europa de Bank of America Merril Lynch, que considera «más fácil hacer los deberes en la parte alta del ciclo». En la misma línea se pronunció el viernes pasado la OCDE en un informe titulado El momento para las reformas es ahora, sin dejar lugar a la imaginación.
Ahora que España despunta entre sus socios europeos, siendo la única gran economía de la eurozona para la que la Bruselas revisó al alza el crecimiento en 2019, al 2,3%, el Gobierno debería ponerse manos a la obra. Un ímpetu reformista podría incluso mejorar su rating. «Continuar con la consolidación fiscal con una apuesta reforzada por medidas estructurales y permanentes sería positivo para el crédito», considera Moody’s.
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