La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, defiende que la norma es básica en la estabilidad presupuestaria, que es uno de los grandes motivos por los que las corporaciones locales están tan saneadas, y que si se modifica debe ser para dotarla de una mayor claridad en su aplicación. Y todos ellos, forman parte del grupo de trabajo que está estudiando qué hacer con esta regla, pero del que cada uno parece haber obtenido una conclusión totalmente diferente.
Empezando por el último actor nombrado, esto es, por la AIReF y por lo que recientemente propuso su presidente, José Luis Escrivá, es necesario «repensar y reformar» la norma, pero en ningún caso flexibilizarla, tal y como quieren los ayuntamientos. Además, fuentes conocedoras de la serie de reuniones de trabajo que terminaron esta semana, señalan que la Autoridad Fiscal ha pedido también que se tenga una «visión global», y que cualquier modificación de la regla de gasto se encuadre en una revisión de la Ley de Estabilidad. Esto supondría un trabajo extenso y de gran profundidad, justo a lo que los ayuntamientos no parecen estar muy dispuestos.
El motivo es que su capacidad de gasto seguiría estando limitada y no podrían «usar el superávit para mejorar los servicios públicos» de manera inmediata, que es, precisamente, lo que aseguraron que habían arrancado en la reunión del pasado miércoles. Ese día, el presidente de la Femp, Abel Caballero, afirmó, sin dejar espacio a ningún tipo de duda, que «se han acordado más de 10 propuestas para flexibilizar la regla de gasto». Estos puntos de encuentro, añadieron desde la Federación, serán elevados a los correspondientes órganos políticos el próximo mes de septiembre para su ratificación e incorporación por vía reglamentaria o legislativa. Esto es, que daba por hecho la modificación y que solo era necesario esperar a la formación de un Gobierno para su aprobación, algo que, por otra parte, hoy parece algo más incierto que hace dos días.
Entre ambas posiciones se ubica el Ministerio de Hacienda, dispuesto, como se ha señalado, a atender a las peticiones de los ayuntamientos, pero limitado por la presión y vigilancia de la AIReF. Probablemente por ello, recalcan que todo está en un nivel muy técnico y que el documento todavía debe ser elevado a un nivel político. Pero es que, precisamente, ese es el último paso que queda para que el departamento que dirige María Jesús Montero decida cómo cumplirá uno de sus compromisos y permitirá, efectivamente, un gasto millonario a los ayuntamientos.
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