El Gobierno sigue perfilando un modelo para asegurar la viabilidad de la extensa red de autovías del Estado. Aunque la decisión no está tomada, el Ministerio de Fomento baraja el pago por uso de las autovías actualmente gratuitas, aunque el coste para el usuario sería “simbólico”, en torno a la décima parte de lo que ahora paga de media en las autopistas de peaje, informaron a EL PAÍS fuentes del Ministerio. Parte de esa recaudación se dedicaría a reducir el peaje de las autopistas que aún están en manos privadas. El modelo, que quiere consensuarse en el Congreso y con las comunidades autónomas, se complementaría liberando de peaje las autopistas en la que venza la concesión.
El departamento que dirige José Luis Ábalos sigue dándole vueltas al modelo de financiación de las autovías. El ministro ya aseguró en el Congreso en la legislatura pasada que buscaría un consenso político para establecer una fórmula con la que garantizar financieramente el mantenimiento de las autovías, que tiene un coste anual para el Estado de 11.000 millones de euros.
Entre esas alternativas cobra fuerza la del pago por uso, con la novedad de que ese pago sería muy inferior al que ahora se abona en las autopistas de peajes de concesionarias privadas porque solo iría destinado a costear el mantenimiento de la infraestructura y el impacto medioambiental, mientras que el peaje de las autopistas también sufraga la construcción.
El pago por uso de las autovías iría acompañado de otras medidas como destinar parte de la recaudación para rebajar los peajes tradicionales de los territorios que tienen autopistas en los que aún está vigente una concesión, informaron las mismas fuentes.
Fomento defiende que, si finalmente la alternativa fuese el pago por uso, el usuario en global no va a pagar más que ahora por la utilización de vías de gran capacidad, ya que las autopistas cuya concesión finalice se van a liberar del actual peaje. Una práctica que ha inaugurado el Gobierno de Pedro Sánchez ya que los anteriores ejecutivos preferían prorrogar las concesiones a las empresas privadas a que la titularidad volviera al Estado.
“El pago sería más uniforme en todo el territorio y no pasará como ahora que unos territorios soportan mucho peaje y otros prácticamente nada”, precisan fuentes ministeriales.
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