El líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha publicado este martes el documento de 370 medidas con el que espera captar los votos necesarios para volver a ser investido tras la tentativa fallida del pasado julio.
Bajo el lema, «Por un Gobierno progresista», el documento incorpora tanto el programa electoral con el que los socialistas vencieron las elecciones generales del 28 de abril, como las promesas realizadas ante la votación de investidura de julio, así como las aportaciones realizadas por los distintos colectivos sociales con los que Sánchez se ha reunido en el último mes y, en especial, importantes guiños a Unidas Podemos.
El texto recoge así algunas de las reclamaciones que la formación que dirige Pablo Iglesias incluyó en su propuesta de acuerdo de agosto, como un mayor control de los precios del alquiler, una suerte de renta mínima para familias más vulnerables o la educación gratuita de cero a tres años.
En paralelo, las propuestas también recogen algunos de los pactos presupuestarios sellados por PSOE y Podemos para 2019, que finalmente tumbó el Parlamento, como una reforma fiscal que fija una tributación mínima del 15% en Sociedades para las grandes compañías o incrementos en el gravamen del IRPF para las rentas altas.
Una de las claves del documento es que ofrece nuevas subidas del salario mínimo interprofesional (hasta el 60% del salario medio a final de la legislatura, unos 1.182 euros frente a los 900 a los que se elevó en enero) y el blindaje de la actualización de las pensiones con el IPC (con mayor incidencia aún para las mínimas), dos reclamaciones fundamentales de Podemos con los que aspira a obtener su apoyo. En este sentido, Sánchez se ha mostrado partidario de defender la implementación de un salario mínimo común a escala europea, así como de un seguro de desempleo comunitario que complemente al español.
Más allá, Sánchez ha prometido que impedirá que se corte el agua y la luz a colectivos vulnerables o que sufran situaciones de pobreza sobrevenida; impulsará ayudas al alquiler para jóvenes, en función de su renta, a la vez que facilita un alquiler seguro y estable, o establecerá zonas de baja emisión contaminante en las ciudades de más de 50.000 habitantes.
En el plano del mercado de trabajo, los socialistas apuestan por reforzar la inspección para revisar el uso fraudulento de los contratos a tiempo parcial o los falsos autónomos, por revisar las causas del despido objetivo (como piden los sindicatos), derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 ampliando la vigencia de los convenios colectivos, o impulsar un nuevo Estatuto del Trabajador y se regulará la figura del becario.
Además, más allá de asegurar la actualización anual de las pensiones con el coste de la vida, Sánchez asevera que abolirá con el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización que impulsó el PP, acabará con el cálculo discriminatorio de la pensión para empleadas a tiempo parcial (que tumbó el TJUE), buscará nuevas fuentes de financiación para asegurar el pago de las pensiones y permitirá a los autónomos cotizar por sus ingresos reales.
El documento también incluye medidas concretas para luchar contra la brecha de género, reducir la desigualdad social, elevar la oferta pública de vivienda en alquiler y limitar el encarecimiento de la privada, incluir la asistencia bucodental en el sistema público, reducir progresivamente el copago sanitario, luchar contra el cambio climático, fomentar la investigación o aprobar un nuevo modelo de financiación territorial.
En este campo resulta llamativo que, mientras que en ocasiones anteriores el PSOE pasó de puntillas por el asunto del independentismo catalán, del que requería su apoyo o abstención para lograr la investidura, esta vez Sánchez ha subrayado este punto prometiendo diálogo, pero siempre dentro del marco constitucional, lo que excluye un referéndum de autodeterminación.
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