El que no se hayan aprobado Presupuestos Generales del Estado y la interinidad en la que se halla el Gobierno ante la falta de acuerdo para investir a Pedro Sánchez presidente del Ejecutivo han provocado un importante agujero de fondos en la financiación autonómica que preocupa, y mucho, en el seno del Ministerio de Hacienda. De ahí que su responsable, María Jesús Montero, haya trasladado a las comunidades su voluntad para que en el futuro se independicen los mecanismos de financiación autonómica de las Cuentas y que funcionen de manera totalmente independiente.
Así lo estaría trasladando la propia Montero a las comunidades autónomas, angustiadas por el impacto que una posible repetición electoral podría tener en las tesorerías regionales, puesto que les podría impedir cobrar unos 4.500 millones de euros por el incremento de las entregas a cuenta dictado para este año.
A esto hay que sumar los 2.500 millones correspondientes a la recaudación de un mes de IVA que las regiones no van a ingresar debido al cambio que Cristóbal Montoro, responsable de las Cuentas Públicas en 2017, ejecutó en el sistema de información del impuesto hace dos años. Se trató de un problema que los socialistas querían solucionar, precisamente, a través de los Presupuestos, pero el rechazo del proyecto en febrero lo impidió.
En su diálogo con las autonomías, Montero ha defendido que los presupuestos autonómicos no deberían depender de que haya o no Presupuestos Generales del Estado en vigor o de si el Gobierno está en funciones, que es precisamente lo que está sucediendo en el presente 2019, con unos impagos totales que oscilan entre los 7.000 y los 8.000 millones dependiendo de si la fuente es el Gobierno o las propias regiones.
Con todo, desde Hacienda matizan que, a día de hoy, no se plantea una reforma particular para abordar esta problemática, sino que se incluya en una reforma general de la financiación autonómica. En este sentido, cabe recordar que el Gobierno tiene las manos atadas. Igual que no puede mover ficha en el caso de las entregas a cuenta al no tener capacidades ejecutivas plenas, lo mismo vale para gestionar y poner en marcha la reforma de la financiación autonómica.
La susodicha reforma fue uno de los proyectos que portaba bajo el brazo Pedro Sánchez cuando llegó a la Presidencia de Gobierno el año pasado, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, con la idea de ponerla en marcha cuanto antes. De hecho, en los dos consejos de Política Fiscal y Financiera a los que se tuvo que enfrentar una primeriza Montero como ministra de Hacienda, la principal reclamación de las autonomías fue, sin importar el color político, la modificación del modelo de financiación.
Sin embargo, tanto la propia Montero como Sánchez admitieron que veían muy difícil que un nuevo modelo se pudiera elaborar y poner en marcha antes del final de la legislatura -en aquel momento los socialistas esperaban poder aguantar en Moncloa hasta 2020-. Con todo, el correspondiente grupo de trabajo se puso en marcha, con miembros de las autonomías y de Hacienda, pero la celebración de elecciones y la situación de transitoriedad del Ejecutivo provocaron la interrupción de sus labores -en las que tampoco avanzaron demasiado.
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