La Comisión Europea ya ha dado el primer paso en esa dirección. La semana pasada, el vicepresidente de la CE y responsable de mercados financieros, Valdis Dombrovskis, abrió una consulta pública sobre el futuro de las tres agencias de supervisión financiera (la EBA, la de mercados bursátiles y la de seguros) en la que plantea abiertamente la disolución de la autoridad bancaria y la transferencia de sus competencias a las otras dos.
El documento sugiere la posibilidad de que la EBA se fusione con la Autoridad de seguros y pensiones (EIOPA, por sus siglas en inglés), situada en Fráncfurt, “para maximizar sinergias”. Al mismo tiempo, “las competencias relacionadas con protección del consumidor pasarían a la Autoridad de Mercados bursátiles (ESMA, en inglés)”, instalada en París.
La solución sugerida por el documento de Dombrovskis permitiría a la CE mantener parte de la supervisión del sector bancario, aunque no fuera una agencia específica. Bruselas evitaría así el otros escenario que se baraja, que otorgaría al BCE toda la supervisión y regulación del sector bancario (a través del Mecanismo Único de Supervisión) sin ninguna competencia para la CE.
La consulta forma parte de la revisión periódica del marco regulador. Pero la coincidencia en el tiempo con el brexit (que se activará pasado mañana, según ha anunciado el gobierno de Theresa May) y con el debate sobre la nueva sede de la EBA, convierte este ejercicio en el comienzo de una reorganización mucho mayor.
“El traslado de la EBA una vez que el Reino Unido salga de la UE (…) supone una oportunidad añadida para reflexionar sobre la idoneidad del actual esquema de supervisión”, señala el documento de Dombrovskis.
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