Así lo reclama la patronal CEOE y lo piden compañías de los sectores de distribución, telecomunicaciones, energía o construcción, a quienes se suman la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y el Consejo de Economistas Asesores Fiscales (Reaf). Denuncian indefensión jurídica, errores y falta de información en una exigencia de información desproporcionada que les supondrá costes que impactarán en su negocio, y muestran su preocupación con el régimen sancionador -que puede suponer multas del 1% de su facturación-, según han remitido a la Agencia Tributaria (AEAT).
Grandes empresas han enviado misivas a la AEAT advirtiendo de que la adaptación para «cumplir con las numerosas exigencias del SII» va a suponer una «carga de trabajo muy elevada por el alto coste de tiempo y recursos que conlleva». Así, alertan de que «la dedicación de recursos impactará de forma muy importante en los desarrollos de sistemas necesarios para el lanzamiento comercial de productos y servicios, afectando por lo tanto a la actividad comercial del Grupo».
Alguna empresa explica que en España emite y recibe cerca de 170 millones de facturas al año, y que «cambios en los sistemas como éstos requieren de tiempo no sólo para su diseño e implantación sino también para su prueba». Estiman que el coste de la adaptación puede superar los 10 millones de euros.
Así, consideran «totalmente insuficiente el plazo de seis meses para adaptarse, máxime cuando está pendiente de publicarse la Orden donde se deberán especificar los detalles técnicos y el formato exacto». «Dada la imposibilidad de adaptarse, es necesario posponer la entrada en vigor del Real Decreto al menos hasta el 1 de enero de 2018».
La Orden que regula el IVA en tiempo real todavía no se ha publicado en el BOE después de que el proyecto pasara por audiencia pública -con la incertidumbre que supone para empresas y desarrolladores de software-, y el nuevo sistema va a entrar en vigor en País Vasco y Navarra en enero de 2018. Sin embargo, desde Hacienda se muestran inflexibles y subrayan que no van a ampliar el plazo.
La patronal destaca que «una implementación normativa de esta envergadura no sólo afecta a las grandes empresas a nivel informático, sino que impacta directamente a su nivel organizativo, viéndose en la necesidad de crear nuevas rutinas y procedimientos tanto fiscales como contables y operativos, y formar a sus empleados».
«El plazo de remisión de facturas de cuatro días sólo puede ser cumplido, si acaso y con un coste significativo, por una minoría, quedando fuera contribuyentes de menor tamaño», alerta CEOE.
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