En su primera comparecencia fuera del Palacio de la Moncloa tras las elecciones del 10N, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, remarcó que la estabilidad presupuestaria y la disciplina fiscal formarán parte de los vectores de su política económica frente a los temores expresados por los empresarios ante la posibilidad cada vez más cercana de un gobierno de coalición de los socialistas con Podemos.
“El objetivo del nuevo gobierno con las empresas debe ser proteger la seguridad jurídica, allanar los mercados exteriores y adoptar marcos estratégicos para los sectores del futuro”, dijo en la clausura del VI Congreso de las Empresas Familiares Europeas, tratando de calmar los temores levantados en la última semana entre las patronales empresariales.
Pese a ello, el presidente en funciones defendió que esas prioridades son perfectamente compatibles con el incremento del gasto social. “Un gobierno responsable puede tener una prioridad social marcada para cerrar brechas, pero siempre dentro de unos márgenes presupuestarios”, resaltó Sánchez, que subrayó que el crecimiento y la cohesión social deben ir de la mano. Y estableció dos líneas rojas en su futuro programa de gastos: el incremento de los salarios “que no ha perjudicado el crecimiento” y la lucha contra la precariedad laboral, el paro y la desigualdad.
Un alza del gasto que deberá verse compensado, tal y como reclama Bruselas, con subidas de impuestos, que están contemplados en los programas con los que PSOE y Podemos comparecieron en los últimos comicios (con especial atención a las rentas altas y al impuesto que grava los beneficios empresariales), pero de las que ayer no se hablaron. De hecho, Sánchez no mencionó la palabra impuesto en todo su discurso. Pese a ello se comprometió a reducir la deuda pública desde su actual nivel cercano al 98% del PIB y el déficit público para irlo aproximando a un nivel en el entorno del 2% para finales de año.
En esa misma línea, Sánchez defendió que las empresas necesitan estabilidad para hacer inversiones y reformas para adaptarse al futuro. Entre ellas destacó el pacto por la educación y la formación dual, “para acabar con el problema del fracaso escolar”, el impulso de una economía de la igualdad “en lo económico y laboral”, y la implementación de una estrategia de emprendimiento. “Creemos que España puede convertirse en el futuro en uno de los países líderes en igualdad de género, digitalización y transición ecológica”, aseguró. Respecto a este último punto matizo que, pese a que nadie duda que el futuro será verde, “la transición ecológica tiene que ser justa para empresas y territorios afectados”.
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