El incremento de los recursos del sistema de financiación, la mejora de los tributos propios y un objetivo de déficit menos exigente son tres factores que han devuelto la alegría a los departamentos de Hacienda de las comunidades autónomas.
Es cierto que en el año 2015, coincidiendo con el período electoral, también aumentó el gasto autonómico, sin embargo, no en los niveles que contemplan los Presupuestos de 2017. Hasta el momento, 12 comunidades autónomas han aprobado sus cuentas para este año. Faltan por hacerlo, País Vasco, Madrid, las dos Castillas y Aragón. Los presupuestos que ya han recibido el visto bueno de los parlamentos autonómicos contemplan gastar 103.588 millones, un 4,83% más.
Salvo la partida destinada a pagar los intereses de la deuda, el resto de capítulos registra incrementos del gasto, especialmente la inversión pública. Las 12 comunidades con las cuentas para este año aprobadas prevén invertir 4.874 millones, un 15% más que el presupuesto inicial del año pasado. Sin embargo, el incremento real es mayor porque, en 2016, solo se ejecutó el 70% de la inversión prevista.
Las cifras de las comunidades autónomas contrastan con la cautela de los Presupuestos Generales del Estado presentados el pasado martes y que incluyen un recorte de la inversión pública. Ello ha soliviantado a las comunidades autónomas, que esperaban un mayor esfuerzo.
Aun así, los datos reflejan que son las autonomías el eslabón de la administración que destina más recursos a la formación bruta de capital fijo. En 2016, el sector público reservó para inversión pública el equivalente al 1,9% del PIB, el menor nivel registrado jamás. Las comunidades autónomas invirtieron el 0,84% del PIB y, la Administración central, el 0,6%. El resto fue responsabilidad de los ayuntamientos. La formación bruta de capital fijo es, con diferencia, la principal víctima de las políticas de austeridad y de las medidas para reducir el déficit público.
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