El Ministerio de Justicia acaba de informar que ha recibido de los colegios de abogados de los territorios que gestiona -todos aquellos que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia- las certificaciones de la asistencia jurídica gratuita correspondientes al pasado octubre conforme a los criterios que establece la ley y el reglamento que regulan ese derecho. Una vez recabada la documentación y tras las correspondientes comprobaciones, en los próximos días se procederá al pago de 4.028.858,50 euros para sufragar ese servicio.
Como apunta una nota remitida por el departamento que dirige Dolores Delgado, el ministerio informó al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) el pasado 21 de octubre de que, en adelante, las certificaciones de los servicios prestados por los abogados que garantizan el derecho de defensa de los más desfavorecidos debían acreditar que la persona defendida tenía reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, tal y como establece la normativa aplicable.
Justicia envió este oficio al CGAE tras ser informado por la Abogacía del Estado de que no se pueden destinar los fondos públicos presupuestados para sufragar ese servicio con el fin de abonar actuaciones de abogados cuyos clientes no tenían reconocido el derecho a litigar con cargo al Estado, ya que no está contemplado por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ni por su reglamento, añade el ministerio.
En base a este informe, la intervención delegada de Justicia ha reclamado que, a partir de octubre, las certificaciones enviadas por los colegios al ministerio para el pago acrediten que a cada ciudadano asesorado por estos letrados se les ha reconocido este derecho a través de la comisión de asistencia jurídica gratuita correspondiente, el único órgano que, según la ley, puede hacerlo.
Según explica el ministerio, tras verificar la documentación remitida, se abonarán próximamente 4.028.858,50 euros, lo que corresponde al 95% de lo reclamado inicialmente por los colegios. Sólo un 5% del total (228.499,11 euros) dejará de abonarse por no corresponder a servicios prestados a clientes con la asistencia jurídica gratuita reconocida, según la normativa que la regula. 14 de los 24 colegios de abogados del territorio que gestiona el ministerio recibirán el mismo importe que habían solicitado anteriormente.
Por último, el departamento que dirige Delgado ha trasladado al CGAE su total disposición para estudiar conjuntamente la situación de aquellas actuaciones del turno de oficio que garantizan el derecho de defensa y la asistencia de letrado reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, pero que no están amparadas por el régimen de subvenciones previsto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
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