La Agencia Tributaria va a poner foco especial este año sobre las compañías que declaran en el impuesto sobre sociedades «reiteradamente» bases imponibles negativas pendientes de compensar en ejercicios futuros, los negocios altamente digitalizados y estrechará el control de los grandes patrimonios con especial atención en los que ofrezcan «importantes rasgos de opacidad o deslocalización».
A cierre de 2017, último ejercicio del que hay datos disponibles, las empresas del país acumulaban bases imponibles negativas pendientes de compensar por valor de casi 19.000 millones de euros. Una cuantía sobre la que la Agencia Tributaria ha decidido poner el foco en su plan de supervisión de 2020, a fin de comprobar la legitimidad de semejantes derechos de reducción del pago de impuestos.
Así consta en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2020 que la Agencia Tributaria publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde el fisco detalla las líneas maestras de su actuación para este año y en el que anticipa parte del plan estratégico plurianual que ultima.
Según los últimos datos oficiales, 1,5 millones de compañías registradas en España acumulaban concretamente 18.693 millones de euros en bases imponibles negativas pendientes de compensación. Dado que el tipo nominal de Sociedades es del 25% (30% en el caos de banca y petroleras), el monto equivalía a un ahorro fiscal de 4.673 millones para el ejercicio. Hay que tener en cuenta, no obstante, que solo 512.250 firmas registraron beneficios aquel año. Siendo este grupo el único que efectivamente acaba pagando impuestos sobre sus ganancias, la reducción fiscal que logran con estos créditos fiscales se limita a 2.327 millones. Una cuantía que podría verse reducida en el futuro por la nueva política de inspección del fisco.
El sector que más bases negativas arrastra de periodos anteriores es el de la construcción, con el 31% del total y capacidad para ahorrarse 1.449 millones en el pago de Sociedades de 2017; seguida por la industria, con el 20,6% y 960 millones; el comercio, con el 19,5% y 911 millones; el sector financiero, con el 19,3% y 902 millones; mientras que las actividades sociales, con el 9,6% y 449 millones, queda en última posición.
Dada la complejidad y duración de este tipo de exámenes, la Agencia Tributaria indica que centrará la revisión en las empresas de mediano y gran tamaño, aunque no obviara a algunas menores, a fin de cribar también del monto el correspondiente a firmas desaparecidas.
Las actuaciones en este campo se intensificarán en 2020, incluyendo “visitas domiciliarias”, particularmente en los casos de información opaca y cuando los datos fiscales de las compañías se desvíen con fuerza de la media de su sector.
Más allá, la Agencia Tributaria avanza que pondrá el foco en los nuevos modelos de negocio altamente digitalizados, abordando especialmente las plataformas de venta de bienes y servicios por internet. La vigilancia también será especialmente intensa sobre los grandes patrimonios, detalla el documento.
En paralelo, el fisco seguirá aprovechando la información fiscal internacional que viene recibiendo para analizar a los contribuyentes con cuentas en el extranjero; vigilar la planificación fiscal agresiva o las operaciones vinculadas intragrupo de las compañías y reforzará el control de la economía sumergida.
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