La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, adelantó este martes que la tramitación de los nuevos impuestos negociados con Unidas Podemos, la denominada tasa Google y la que grava determinadas transacciones financieras, se desvincula del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado. Montero dio a entender que en breve comenzará el recorrido parlamentario de ambas figuras impositivas, que toman, por tanto, la delantera.
El diseño de ambos gravámenes ya estaba preparado desde hace meses con los presupuestos rechazados del año 2019, recordó. Hasta hace unos días, no estaba claro si la aprobación de los impuestos sobre servicios digitales y de transacciones financieras estaba unida o no a la de las nuevas cuentas. E incluso la vicepresidenta Nadia Calviño apuntó la conveniencia de seguir su desarrollo en la Unión Europea y la OCDE.
Esta decisión de desvincularlos y acelerar su puesta en marcha se produce en un momento en el que, en el mejor de los casos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez espera sacar adelante los presupuestos de este año una vez consumida la primera parte del año. Lo que supone que la subida del IRPF, sociedades o el impuesto que grava el diésel no se notará en las arcas públicas hasta después del verano. Urge impulsar los ingresos: con fecha del 1 de enero, el gasto público se ha engordado en casi 4.700 millones de euros por la revalorización de las pensiones y el incremento del sueldo de los funcionarios. En el proyecto de presupuestos del 2019, Montero calculó que estos dos nuevos impuestos proporcionarían unos 2.000 millones de euros, cifra que la Autoridad Fiscal consideró excesivamente optimista.
En cuanto al resto de medidas que componen el acuerdo de subida de impuestos, y que se recogerán en los presupuestos, la ministra de Hacienda negó que se vayan a adoptar con carácter retroactivo. Fuentes de Hacienda explicaron que en el caso del IRPF el incremento entra en vigor después de la aprobación, mientras que en sociedades es factible aplicarlo a todo el ejercicio por el pago fraccionado. La ausencia de retroactividad implica reducir de manera considerable la recaudación prevista, porque sólo correspondería a unos cuantos meses de este año.
La ministra de Hacienda también dio por descontado que el Estado acabará haciéndose cargo de una parte de los gastos que lastran las cuentas de la Seguridad Social y que desde hace tiempo reclaman expertos y buena parte de los partidos políticos. Esos desembolsos tienen que ver, por ejemplo, con la plantilla del sistema público o la prestación que reciben los trabajadores por el nacimiento de un hijo. En todo caso, lo condicionó a un acuerdo en el seno del pacto de Toledo. El grueso del déficit público recae en la Seguridad Social. En el 2023, se espera que arrastre un 0,8% del PIB, del 0,9% global.
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